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[Artículo de OPINIÓN del grupo de agua de Ecologistas en Acción de la Manchuela]

El agua, elemento indispensable para la vida, es un derecho humano, así declarado por la ONU en 2010.

Pese a esta aplastante obviedad, los grandes inversores privados y su voracidad, sin atisbo alguno de moralidad, hace tiempo que pusieron sus esfuerzos en acaparar este recurso para convertirlo en un negocio, sin encontrar freno alguno por parte de los administradores de lo público, que regalan a los intereses privados este don de la naturaleza.

En España la inmensa mayoría del agua dulce se destina a uso agrícola, un porcentaje de alrededor del 90%, siendo su reparto dentro de este sector muy desigual, de forma que una pequeña porción de los concesionarios, a los que llamamos “aguatenientes” acaparan la mayor parte de estas dotaciones, en una lógica perversa de acumulación de un recurso público para producción de inmensos beneficios privados, con unos ridículos retornos sociales. Estas arbitrarias concesiones, sin ninguna justificación social, ecológica, ni moral, están creando, en una situación climática en la que cada vez son más escasas las precipitaciones  y mayores los consumos y demandas, un desastre ecológico de primera magnitud, secando ríos, manantiales y arroyos y agotando los acuíferos que los alimentan.

Por si fuera poco, los insumos tóxicos de la agroindustria, fertilizantes y agro tóxicos como herbicidas y plaguicidas terminan en las aguas por infiltración o escorrentía, contaminando irresponsable y gravemente la poca agua que dejan para el resto de usos, urbanos y ecosistémicos. La contaminación agro ganadera del agua está dejando cada vez más poblaciones con sus suministros de agua inservibles, teniendo que recurrir en muchos casos a abastecerse mediante cisternas, pero no es este el único ejemplo de cómo los intereses privados, el lucro, se imponen al interés general.

El abastecimiento humano y el saneamiento, servicios esenciales prestados por las administraciones locales, hace tiempo que están en la agenda de los grandes oligopolios, que mediante presiones, sobornos y mantras falaces, como la supuesta mejor gestión del sector privado, han ido acaparando esta porción del recurso, que si bien es pequeña proporcionalmente, supone un gran negocio en manos privadas. El trilerismo de la colaboración público privada, consorcios municipales en los que las entidades locales asumen los gastos y las inversiones, y la empresa privada drena los beneficios, son un atentado al interés público, a los ciudadanos.
Como ejemplo muy ilustrativo de este desmán podemos hablar de la ciudad de Albacete, en la que el consorcio está compuesto en un 26% por ciento por el Ayuntamiento, titular del servicio, y Aquona con un 74%.

Aquona pertenece a Agbar, a su vez perteneciente al grupo Suez, que está en manos del gigante Veolia, grupo francés cuyos propietarios son fondos de inversión como Vanguard, banco de Noruega y Qatarí Diar, entre otros. Lo que debiera ser un servicio público, cuyos beneficios (si los hubiera) se reinvirtieran en la mejora del servicio o en la propia ciudad, se transforma en un oscuro negocio, donde los precios del servicio suben sin justificación, las plantillas de trabajadores merman y ven reducidos sus salarios y derechos, y los beneficios generados por una gestión que busca no el interés público sino la maximización de la rentabilidad acaban en los bolsillos de los accionistas y ejecutivos de estas empresas y de los fondos buitre. Negocio redondo, los gastos para las administraciones públicas y los beneficios para los concesionarios privados.

Para mayor escarnio, en la prestación del servicio, al caer en manos privadas, se descuidan muchos aspectos, como ejemplo pondremos la gestión de las aguas residuales, que en este negocio se convierten en un engorro al no arrojar beneficios. Dentro de la factura a los usuarios hay un porcentaje destinado a la depuración, porcentaje que al no destinarse a este fin no mejora la calidad del agua que se devuelve al medio.

En función de la calidad del agua que se devuelve, la administración responsable de este vertido paga a la Confederación Hidrográfica de la cuenca a la que pertenece un canon de vertido, mayor cuanto peor es la calidad del agua emitida. Así, si la empresa gestora descuida la depuración, las consecuencias de su negligencia son pagadas por los habitantes del municipio, además por partida doble, una primera vez en el recibo y una segunda vez por el canon que paga su Ayuntamiento.

En el caso de la ciudad de Albacete la muy deficiente depuración, de la que sólo se completa la fase primaria, la separación y decantación de sólidos, el Ayuntamiento, obligado por ley a cumplir unos parámetros de depuración que incumple de forma reiterada, ha pagado la exorbitante cifra de 3.637.496 euros del año 2017 al 2020, en concepto de canon, además de recibir sanciones por el incumplimiento de parámetros mínimos en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total y diftalato. Como premio a esta desastrosa gestión y para no comprometer los pingües beneficios del gestor privado, tras las multas que el Estado español paga a Europa por el incumplimiento de los parámetros de depuración que imponen las leyes europeas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se hizo cargo de la ejecución y el pago, cofinanciado por el europeo Fondo FEDER, de las obras de ampliación de la estación de depuración de aguas residuales de Albacete, cuyo coste será de nada menos que 32.017.723 euros. Estas obras comenzaron en septiembre del año 2022, y acabarán en un plazo de treinta y seis meses, durante los cuales se seguirán vertiendo aguas muy deficientemente depuradas.

Irónicamente, en dicha obra de ampliación y modernización se contempla, como uno de los objetivos, la adecuación del agua resultante para su utilización en riegos agrícolas, cuando estas pútridas y super-contaminadas aguas llevan décadas usándose para regadío, en todo el trazado, desde la depuradora, hasta que las agotan por completo antes de su unión con el río Júcar, contaminando el acuífero por infiltración, con el consentimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Esta desastrosa gestión, en manos de fondos buitres, supone un agujero inmenso en las arcas públicas, mientras que el gestor privado del servicio se embolsa suculentos beneficios. A su vez, el Ayuntamiento de Albacete acondiciona y cede un edificio histórico, patrimonio de la ciudad, para que la concesionaria instale allí sus oficinas y laboratorios, nos cuente bonitos cuentos de gestión sostenible, y culpabilice a los niños que acuden en visitas escolares a dicho trampantojo (CIAB, Centro de Interpretación del Agua de Albacete) por no cerrar el grifo mientras se lavan los dientes.

Urge re-municipalizar lo que nunca debió caer en manos privadas, para que lo que debe ser un servicio público, universal, asequible y de calidad no siga siendo el negocio de los fondos de inversión, ruinoso social y económicamente para los ciudadanos. Sobran los ejemplos de municipios que han recuperado la gestión pública del ciclo integral del agua, (no sin resistencia por parte del lobby de las empresas concesionarias), como ejemplo la ciudad de Valladolid, que tras recuperar la gestión tras un largo proceso judicial ha demostrado que la gestión pública es no sólo posible, sino más eficaz, ecológica y socialmente sostenible, al no perseguir el beneficio económico como fin, sino la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles, para los usuarios, los trabajadores y el medio ambiente.

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• Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico los diferentes espacios en los que se desarrolló la Batalla de la Albuera en 1811, por el impacto que tuvo en la historia reciente de esta localidad y su proyección internacional.
• La construcción de una planta fotovoltaica afectará a los terrenos en los que se desarrolló este enfrentamiento y en los que aún existen fosas comunes de los militares fallecidos.
• Cada 16 de mayo se celebra en La Albuera una recreación de la batalla en recuerdo de este hecho al que acuden multitud de espectadores de diferentes países y que está considerada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado ante la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la categoría de Sitio Histórico, de los diferentes espacios de la localidad en los que se desarrolló la famosa Batalla de La Albuera, en el año 1811.

A pesar de que la duración de esta batalla fue de tan sólo un día -el 16 de mayo- y no influyó decisivamente en el desarrollo de la Guerra de la Independencia, sí tuvo, en cambio, una enorme repercusión. Para la localidad pacense, debido a la destrucción provocada y la experiencia vivida por sus habitantes, que se ha mantenido en la memoria colectiva hasta la actualidad y que se refleja en los actos que se celebran anualmente como recordatorio en esa fecha. Pero también tuvo una inmediata repercusión internacional, puesto que el elevado número de bajas que se produjo, calculadas en más de 11.000 (de ellas, unos 1.440 muertos) afectó a los contingentes de seis países (Francia, Inglaterra, España, Portugal, Polonia y Alemania), por lo que está considerada como el enfrentamiento más sangriento en relación al número de participantes de toda la Guerra de la Independencia.

Además del propio núcleo de La Albuera, prácticamente todo su entorno se vio involucrado en este enfrentamiento, que en la actualidad se mantiene en un estado muy similar al de la época ya que las modificaciones que se han producido, excepto el lógico crecimiento del casco urbano, son mínimas y tienen que ver únicamente con los tipos de cultivo implantados y la construcción de algunas edificaciones aisladas. Sin embargo, el proyecto de construcción del parque fotovoltaico “Las Jaras de Badajoz” pone en peligro la conservación del entorno en el que se desarrolló el grueso de la batalla.

La ejecución de este proyecto supondría alterar gravemente el paisaje en el que se desarrollaron los acontecimientos, al impedir que las numerosas personas que se desplazan habitualmente al lugar puedan apreciarlo y entender adecuadamente los paneles explicativos que se han instalado en la zona como aprovechamiento de su potencial didáctico y turístico. Pero, además, por los numerosos documentos que se redactaron en los meses posteriores a la batalla, se tiene constancia de que la mayoría de los cuerpos de los militares muertos en los combates tuvieron que ser enterrados en fosas comunes o individuales dispersas por toda esta zona, muchos de ellos después de haber sido incinerados. La existencia de estos enterramientos 2 / 2 en diversos lugares ha sido constatada reiteradamente por parte de habitantes de la localidad hasta la actualidad.

Todos estos motivos hacen que los terrenos en los que se desarrolló la Batalla de La Albuera reúnan no sólo un valor histórico como escenario de los hechos que allí ocurrieron y que han quedado profundamente integrados en la memoria colectiva de la población local, sino que también debe considerarse como un extenso espacio funerario que acoge a centenares de personas fallecidas y nunca recuperadas.

En cambio, a la amenaza que supone la construcción del parque fotovoltaico de “Las Jaras” para que este espacio se mantenga en su estado actual de aprovechamiento agrario, se suma la proliferación que está experimentando este tipo de instalaciones por toda la región, lo que hace más que previsible que actúe como polo de atracción de otras nuevas plantas que se pretenderá instalar en sus inmediaciones aprovechando las líneas de evacuación y otros equipamientos que se construyan ahora.

Ecologistas en Acción de Extremadura considera que todos estos motivos justifican suficientemente la protección de estas zonas con la figura de Bien de Interés Cultural que ha solicitado. La declaración del Sitio Histórico de la Batalla de La Albuera permitirá el mantenimiento del uso agrario de los terrenos junto a la preservación de sus valores culturales, a la vez que favorecerá, por un lado, el aprovechamiento de su potencial como recurso didáctico para el conocimiento de la historia reciente de la región y la difusión de los valores de la cultura de la paz, así como, por otro, el desarrollo de proyectos de investigación histórica y arqueológica, a la manera que se viene haciendo en muchos otros lugares similares de toda Europa, como Waterloo o los numerosos frentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, esta declaración incrementará el atractivo turístico que ya tienen las celebraciones anuales en torno a la batalla y que es extensivo a los propios escenarios en los que se desarrolló, como ya se demuestra con la frecuente organización de viajes a esta localidad por parte de agencias extranjeras especializadas en visitas a campos de batalla de la época napoleónica.

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• Ecoloxistas en Acción rexeita a autorización de novas minas de ouro e pide avanzar na reciclaxe de aparellos eléctricos e electrónicos.
• A organización ecoloxista asegura que mediante a recuperación de metais pódese cubrir a demanda de minerais como o ouro sendo innecesario abrir máis minas.

Ecoloxistas en Acción, xunto con ducias de colectivos e comunidades afectadas presentaron alegacións opoñéndose ao cuarto permiso de investigación mineiro de ouro solicitado pola empresa canadense Western Metallica no concello asturiano de Ibias, desta volta a apenas 150 metros do límite co concello galego de Navia de Suarna e do Lugar de Importancia Comunitaria Os Ancares – O Courel.

As organizacións ecoloxistas en Asturias e Galicia denuncian que a Dirección Xeral de Minaría do Principado admitira o permiso de investigación sen a preceptiva avaliación de impacto ambiental, obrigatoria cando, como neste caso, é previsíbel que a actividade poida causar impactos directos ou indirectos sobre espazos protexidos. Destacan tamén a absoluta falta de detalle e rigor da documentación presentada, que mesmo omite a existencia dos espazos protexidos e non estabelece ningunha medida para minimizar impactos.

Este permiso, que afecta tanto á parroquia asturiana de Sena, en Ibias, como á de Santo Estevo da Ribeira, xa en terras de Navia de Suarna, súma aos tres xa concedidos á empresa canadiense en zonas próximas á raia entre as dúas comunidades e que forman parte dunha nova “febre do ouro” na comarca do Eo-Navia e occidente de Asturias. A estos permisos hai que engadir a última tentativa de abrir unha mina de ouro nas Lagoas de Salave, en Tapia, que verterían as súas augas contaminadas directamente ao mar, cos consecuentes impactos sobre a pesca, o marisqueo e a biodiversidade mariña.

Desde Ecoloxistas en Acción manifestan o seu rexeitamento frontal á abertura de novas minas de ouro, unha vez que o subministro deste metal para usos non especulativos pode garantizarse a perpetuidade mediante a recuperación de metais e minaría urbana. Por exemplo, a planta de recuperación de metais desde residuos eléctricos e electrónicos de Umicore na Bélxica produce anualmente 100 toneladas de ouro e 2.400 toneladas de prata, mentres que, en comparación, a compañía canadense Rio Narcea Gold Mines obtivo na mina de El Valle-Boinás apenas 27 toneladas nunha década, provocando a contaminación do río Cauxa con arsénico, selenio, cobre e outros metais pesados. O proxecto de Salave en Tapia prevé tardar 16 anos para extraer a mesma cantidade.

Un estudo lanzado por Ecoloxistas en Acción, “Reciclaje de metales: la alternativa a la minería”, aclara que hai 100 veces máis concentración de ouro nun teléfono móbil do que en calquera das minas que se pretenden abrir, mais unha parte importante dos teléfonos desbotados e outros residuos electrónicos acaban incinerándose ou en vertedeiros, perdendo para sempre os metais valiosos que conteñen.

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• Ecologistas en Acción rechaza la autorización de nuevas minas de oro y pide avanzar en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
• La organización ecologista asegura que mediante la recuperación de metales se puede cubrir la demanda de minerales como el oro siendo innecesario abrir más minas.

Ecologistas en Acción, junto con decenas de colectivos y comunidades afectadas, han formulado alegaciones oponiéndose al cuarto permiso de investigación minero de oro que ha solicitado la empresa canadiense Western Metallica en el concejo asturiano de Ibias, en este último caso a tan solo 150 metros del Lugar de Importancia Comunitaria Ancares-Courel, ya en territorio gallego.

Las organizaciones ecologistas denuncian que la Dirección General de Minería del Principado haya admitido el permiso de investigación sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental, obligatoria cuando, como en este caso, es previsible que la actividad pueda causar impactos directos o indirectos sobre espacios protegidos. Destacan asimismo la absoluta falta de detalle y rigor de la documentación presentada, que incluso omite la existencia de dichos espacios y no establece ninguna medida para minimizar impactos.

Este permiso, que afecta tanto a la parroquia asturiana de Sena, en Ibias, como a la gallega de Santo Estevo da Ribeira, en Navia de Suarna, se suma a los tres ya concedidos a la empresa canadiense en zonas próximas y que forman parte de una nueva “fiebre del oro” en el occidente de Asturias. A estos permisos hay que añadir el nuevo intento de abrir una mina de oro en las Lagunas de Salave, en Tapia, que verterán sus aguas contaminadas directamente al mar.

Ecologistas en Acción manifiesta su rechazo frontal a la apertura de nuevas minas de oro, una vez que el suministro de este metal para usos no especulativos puede garantizarse a perpetuidad mediante la recuperación de metales y minería urbana. Por ejemplo, la planta de recuperación de metales desde residuos eléctricos y electrónicos de Umicore en Bélgica produce anualmente 100 toneladas de oro y 2.400 toneladas de plata, mientras que, en comparación, la compañía canadiense Río Narcea Gold Mines obtuvo en la mina de El Valle-Boinás apenas 27 toneladas en una década, provocando la contaminación del río Cauxa con arsénico, selenio, cobre y otros metales pesados. El proyecto de Salave prevé tardar 16 años para extraer la misma cantidad.

Un estudio lanzado por Ecologistas en Acción, ‘Reciclaje de metales: la alternativa a la minería’, aclara que hay 100 veces más concentración de oro en un teléfono móvil de lo que en cualquiera de las minas que se pretenden abrir. Sin embargo, una parte importante de los teléfonos desechados y otros residuos electrónicos acaban incinerándose o en vertederos, perdiendo para siempre los metales valiosos que contienen.

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