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  • La estación de esquí de Navacerrada ocupa parte del monte Pinar de Valsaín, en Segovia y otra parte del monte Pinar Baldío, en la Comunidad de Madrid.
  • No solo ha caducado el derecho de ocupación de las pistas y remontes de la ladera segoviana, las que ocupan el lado madrileño llevan desde febrero de 2019 sin vigencia, el mismo periodo que la empresa lleva sin abonar el canon preceptivo.
  • Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la cancelación automática de la autorización, como es su obligación, porque así lo establece el condicionado de la autorización.

La estación de esquí de Navacerrada se localiza entre las provincias de Segovia y Madrid. En la primera ocupa 7,6 hectáreas del monte Pinar de Valsaín que es propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). En la Comunidad de Madrid la superficie es de 9,2 hectáreas, situadas en el monte Pinar Baldío, propiedad de los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada.

Actualmente la estación de esquí, gestionada por la empresa Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A, está operando sin ninguna autorización. El pasado mes de abril caducó el derecho de ocupación en el Pinar de Valsaín, lo que ha abierto un agrio enfrentamiento entre el propietario del monte, la empresa y la Junta de Castilla y León, al oponerse, estos dos, al desmantelamiento de la estación y la restauración del monte, anunciados por el OAPN. Pero es que en la Comunidad de Madrid, la autorización concedida el 18 de febrero de 2004, por un periodo de 15 años, agotó su vigencia el 18 de febrero de 2019. Desde entonces (dos años y nueve meses), además de carecer de permiso para ocupar el monte, la empresa, no abona el canon anual, establecido actualmente en 17.112 euros y que debía pagar en los dos primeros mese de cada año. Lo que supone un ahorro para la empresa de 51.336 euros.

Al respecto de la falta de pago del canon, la autorización concedida en 2004, establece que la misma quedará “automáticamente cancelada si no se realizan los ingresos dentro de plazo fijado”. Por tanto, estamos ante una doble irregularidad, afirma Ecologistas en Acción, “por un lado el derecho de ocupación del monte ha finalizado y no cabe renovación automática y por otro, la empresa, asume esa situación desde el momento que no ha pagado el canon desde que expiró el permiso”.

A juicio de la organización haber permitido esta situación, con pleno conocimiento podría conllevar graves responsabilidades legales. Tanto el Área de Conservación de Montes de quien depende la gestión de las ocupaciones, en Madrid, como la Dirección General de Biodiversidad que debe resolver están eludiendo su obligación para perpetuar una situación ilegal.

Ante esta situación, la organización se ha dirigido a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para solicitar que haga efectiva la cancelación automática de la ocupación por haber agotado su periodo de vigencia y por incumplimiento del condicionado que la rige.

Mª Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, “lamenta la irresponsabilidad de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando aplaude la ilegalidad en la que se encuentra la estación de esquí de Navacerrada». Y añade que «le duele que no sea capaz de ver la oportunidad que supondría para la Sierra de Guadarrama y para Madrid repetir, en Navacerrada, la ejemplar restauración que se llevó a cabo en el puerto de los Cotos después de desmantelar la estación de esquí de Valcotos”.

 

 

 

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  • El General Director del INTA del Ministerio de Defensa acaba de “inaugurar” las obras del  proyecto CEUS en el término municipal de Moguer (Huelva), en el que se piensan probar aeronaves militares, cuyo uso nada tiene que ver con Doñana y los valores que representa.

Recientemente, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el Informe Ambiental favorable al proyecto CEUS, para entrenamiento de drones militares, con lo que se destruirá una importante superficie forestal de 75 hectáreas dentro del ámbito de Doñana, justo en el límite de la superficie incendiada en el verano de 2017 y que en este tiempo se ha convertido en refugio de diversas especies animales y vegetales.

Desde hace unos 10 años en que empezó a publicitarse el proyecto CEUS, Ecologistas en Acción se ha manifestado rotundamente en contra del mismo; sobre todo, por razones ambientales, y también por discrepar de los cambios normativos, así como de la interpretación que se ha venido haciendo de los mismos y en lo concerniente a la protección del suelo, lo que, de manera torticera, se ha ido permitiendo con el único interés de que prospere tal proyecto. Por ello, se ha procedido a modificar el POTAD (Plan de Ordenación del Territorio de Doñana), que prohibía cualquier construcción en la zona seleccionada, y con ello se ha permitido la descatalogación forestal de un excepcional monte público, así como se ha declarado también la prevalencia científico-técnica del proyecto militar en detrimento de la ambiental, y el largo etcétera que conlleva tal despropósito.

En cuanto a las razones de conservación de la naturaleza de Doñana, el informe favorable del Ministerio, en consonancia con los criterios que plantea el Gobierno Andaluz, establece por una parte que no causará afección alguna a la supervivencia del lince ibérico, al tiempo que, contradictoriamente, no deja de reconocer que el mencionado espacio resultaría un entorno crítico para el cumplimiento del correspondiente Plan de protección. En dicho informe, también se concluye que no causará deterioro alguno en los espacios naturales y de la Red Natura 2000 que circundan las 75 hectáreas elegidas, si bien no se deja de reconocer que, a escasos metros, en un caso, y en torno a 1 km., en otros, convergen los límites de espacios de tanta importancia como el Espacio Natural Doñana y las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que lo subdividen. Y, por último, nada se dice  en relación al incendio del 2017 y su impacto indirecto en la zona elegida para el CEUS.

Así pues, consideramos que la engañosa unanimidad institucional y política en la provincia onubense a favor del CEUS esconde, por un lado, una muy pobre actitud de miras frente a una realidad que puede que suponga la percepción de determinadas subvenciones y la promoción de algunos negocios e intereses privados, lo que no significa que se cree una base sólida de empleo real y sí un daño irreparable al entorno de Doñana y los valores que el mismo representa.

Para finalizar, nos reafirmamos en nuestra voluntad de seguir enfrentándonos a este tipo de desmanes, pues como dice el refrán: “Con las cosas de comer no se juega”, aunque el Ministerio considere que con las suyas tampoco.

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