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  • Desde hace más de cuatro años distintas organizaciones, colectivos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y entidades de distinta naturaleza han trabajado juntas para pedir al Gobierno español y a la Unión Europea la paralización de las negociaciones del tratado transatlántico con EE UU (TTIP) y de la ratificación del acuerdo con Canadá (CETA).
  • Ante el anuncio de la Unión Europea de la puesta en marcha de nueve grandes acuerdos nuevos durante 2018, se ha creado la campaña estatal ‘No a los tratados de comercio e inversión’. Su objetivo: ampliar la información a la ciudadanía, trabajar en la incidencia política y continuar con el activismo y la movilización social.

La campaña estatal ‘No a los tratados de comercio e inversión’, heredera de la campaña ‘No al TTIP, CETA y TiSA’, forma parte de una red presente en más de 2.000 ciudades y pueblos de Europa. Está integrada por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y diversas entidades de diverso tipo, entre ellas Ecologistas en Acción, así como por personas a título individual que comparten su preocupación por las amenazas que plantean los tratados de comercio e inversión (TCI).

Gracias a la movilización social, en los últimos años se han conseguido importantes logros en la lucha por impedir la firma y ratificación de los tratados con EE UU (TTIP) y Canadá (CETA). El TTIP sigue paralizado y el CETA aún tiene que ser ratificado por muchos parlamentos nacionales. Además, los tribunales privados para las corporaciones (ISDS) han sido puestos en evidencia como antidemocráticos y han sufrido un desprestigio político y jurídico en la UE.

Sin embargo, a pesar de estos logros, la UE continúa trabajando en la implantación de una agenda comercial neoliberal a través de una oleada de nuevos acuerdos, como el acuerdo multilateral de servicios (TISA) y los acuerdos comerciales con México, el bloque de Mercosur, Singapur, Vietnam o Japón, entre otros.

Según Lucía Bárcena, portavoz de la campaña e integrante de Ecologistas en Acción, estos tratados de comercio e inversión afectan negativamente a las vidas de las personas, especialmente las más vulnerables, y están diseñados para defender y perpetuar un sistema económico en profunda crisis, tanto social como económica y medioambiental.

Por ello, la campaña ‘No a los tratados de comercio e inversión’ rechaza las negociaciones de estos tratados, llevadas a cabo con gran opacidad, y exige un debate político transparente y democrático. Desde esta campaña se reclama una política económica y comercial que sirva para el interés público y actúe en favor de un futuro común. Asimismo sus representantes afirman: “Es más importante que nunca continuar trabajando para ejercer un control ciudadano ante la imposición del poder de las transnacionales”.

La campaña ‘No a los tratados de comercio e inversión’ defiende la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre los pueblos que pongan en primer lugar a las personas y al planeta, garantizando los derechos humanos y la protección medioambiental. Rechaza a su vez “la estrategia de competencia salvaje y desigual que propugnan los gobiernos neoliberales en Europa”.

Las organizaciones que se adhieren a la campaña se han desmarcado y diferenciado de la oposición a estos tratados por parte de la extrema derecha: “nuestra propuesta parte de la cooperación e integración de los pueblos”, ha afirmado Bárcena. Durante la presentación de la campaña en una rueda de prensa moderada por el actor Juan Diego Botto, las portavoces han señalado las características de su propuesta comercial:

  • Un comercio que reduzca los impactos de la globalización económica.
  • Un comercio al servicio de las mayorías sociales y no de las empresas multinacionales.
  • Un comercio basado en la cooperación de los pueblos.
  • Un comercio que fomente una economía dirigida a generar recursos para la vida.
  • Un comercio que proteja los derechos laborales.
  • Un comercio que proteja la educación, la salud, el agua, el conocimiento, la cultura y muchos más bienes públicos como recursos no sujetos a la apropiación privada.
  • Un comercio que incentive la economía social y solidaria y promueva el comercio local.
  • Un comercio que proteja el futuro de la agricultura campesina en el norte y el sur global.

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¿Seguimos derrochando dinero público en inútiles y fracasadas “regeneraciones” de playas?.

Parece ser que sí, si nadie sensato lo remedia.

De nuevo nos vemos obligados a denunciar la inutilidad y el despilfarro que supone la mal llamada regeneración de playas (una realimentación artificial, en realidad), una exigencia que de nuevo es reclamada por ayuntamientos y promotores turísticos, ahora que empieza la temporada playera. Además, en el caso de Cádiz, Gobierno central (Demarcación de Costas) y Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) se han enzarzado en un enfrentamiento a cuenta de la transmisión de la titularidad de los chiringuitos.

La Ley de Costas garantiza “la protección del dominio público marítimo-terrestre defendiendo su integridad y los fines de uso general a que está destinado; la preservación de sus características y elementos naturales y la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones”.

Al prolongar la autorización de estas instalaciones durante todo el año, aumentando la superficie, es obvio que no se ha asegurado la preservación de la playa. Entre los fines de las concesiones playeras no se encuentra la de ser una fuente de ingresos para las entidades locales, sino la percepción de un canon con destino justamente a la restauración ambiental. Los servicios deben ser solo de temporada, por lo que el ayuntamiento gaditano tiene toda la legitimidad para imponer sanciones a los dueños de chiringuitos que se han extralimitado en superficie o en tiempo de instalación. Después de los destrozos y pérdidas por los temporales de invierno, es hora de revocar esa autorización sine die para todo el año a los chiringuiteros.

No es de recibo que en un “placer”, el de Caños de Meca, se proceda a sacar una arena que va a permanecer en las playas de forma efímera: una operación inútil, despilfarradora e inconveniente.

Los temporales de invierno son siempre erosivos, con pérdidas netas de arena, que eran compensadas con la recuperación de arena que se aseguraba en los meses estivales; la ocupación indebida de arenales costeros ha roto esta dinámica reequilibradora. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas,… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno.

Los municipios, como el de Cádiz, que autorizaron sin límite la permanencia de los chiringuitos playeros durante todo el año se equivocaron por completo, como hemos evidenciado con los destrozos de las pasados temporales de invierno; el mar recupera el espacio que le pertenece. El dinero empleado en estas inútiles realimentaciones de playas, en el caso de que desdichadamente se ejecuten, debe ser aportado por los responsables de la pérdida de arena y de la ocupación de este terreno demanial marítimo terrestre, y no por el conjunto de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción y Agaden, hacen un llamamiento a no persistir en una política equivocada de ocupación privada de un bien público, como es la playa, y a adoptar las necesarias aunque costosas medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y a los riesgos meteorológicos, que nos permitan minimizar daños y prepararnos para impactos por venir.

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