Actualidade

  • El organismo de cuenca rectifica 6 años después y propone el tramo urbano del arroyo Saladillo en Arahal, como un área potencialmente inundable.
  • La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) da la razón a Jaedilla-Ecologistas en Acción de Arahal que lo solicitó en 2013 y que en su momento, no consideró su inclusión por riesgo bajo y medio.

En febrero del año 2013, el Organismo de cuenca anunciaba la apertura de un periodo de información pública relativo a la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en la Demarcación del Guadalquivir. El objetivo era elaborar los Mapas de Peligrosidad y Riesgo así como el Plan de Gestión antes de finalizar el año 2016, tal y como exigía la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 903/2010.

En esa primera evaluación, Jaedilla-Ecologistas en Acción alegó (enlace a pie de esta nota) para que se incluyera el tramo urbano del arroyo Saladillo, unos 1.650 metros, como un Área con Riesgo Potencial Significativo  de Inundación (ARPSI), debido a los episodios de desbordamiento con daños materiales a las zonas comerciales e industriales de la Carretera de Villamartín, ocurridos en los últimos años. Episodios que se habían agravado desde que se empezó a desarrollar comercialmente esa zona.

La respuesta entonces de la CHG fue que no había motivos para considerar ese tramo como potencialmente inundable por no superarse los umbrales de significación y estar en zona de riesgo bajo y medio. También se justificaba con una actuación reciente de “limpieza y ensanchamiento del cauce mediante la apertura de la caja del arroyo”. Sin embargo, casi 6 años después, con la apertura del periodo de información pública de la revisión y la actualización del EPRI correspondiente al 2º ciclo, propone ahora su inclusión como uno de los 43 nuevos tramos potencialmente inundables.

¿Y cuál es el motivo esgrimido ahora?. Lo justifica tras utilizar diferentes tipos de fuentes de información: actualización de eventos históricos y revisión de la hemeroteca; estudios previos; tramos de interés de diferentes organismos; y zonas a investigar. De esta forma se ha actualizado la identificación de tramos potencialmente inundables, todos ellos de origen fluvial, entre los que se encuentra el arroyo del Saladillo en Arahal (ES050_APSFR_BG059-01) en un tramo de 1,84 Km.

El Catálogo de Inundaciones Históricas solo mencionaba un único episodio en Arahal, sin embargo, desde que comenzó a urbanizarse la UE-13 “Ursaral” con la construcción de los supermercados Lidl, Mercadona y la Estación de servicio, los problemas de inundación en ambas márgenes de la carretera Villamartín han aumentado, sumándole cuantiosas pérdidas económicas en los negocios que hay frente a ésta. Desde 2007 hasta la actualidad se han producido varios episodios de inundación en esta zona: En noviembre de 2007 cayeron más de 170 l/m2 que causaron graves daños materiales, inundaciones en naves y el vertido de fuel de la estación de rebombeo de la CLH; en abril de 2008; febrero de 2009; en mayo de 2013 volvió a inundarse la margen comercial de la carretera tras una corta e intensa tormenta de apenas 20 minutos; o en noviembre tanto del año 2016 como del 2017, ésta última con pérdidas elevadas que según los propios comerciantes las “han podido llegar hasta los 60.000 euros”.

Para Jaedilla, las inundaciones y las grandes avenidas de los ríos son fenómenos naturales bien conocidos que se suelen repetir con periodicidad en nuestras latitudes. A veces cada 100 años, a veces más, pero el caso es que las sequías que se alternan con las avenidas hacen flaquear nuestra débil memoria. Y para ello seguimos empeñándonos en vano en reconquistar el terreno de los ríos, sin querer pensar que la avenida, tarde o temprano, llegará.

La mal llamada “limpieza de cauces”, término eufemístico que se adopta para no precisar que estas obras consisten en canalizaciones, rectificaciones y dragado de los cursos fluviales; el poco caso que se tiene al análisis y la valoración del cambio climático; y sobre todo al desgobierno territorial respecto al caos urbanístico, es decir, ante las construcciones en dominio público hidráulico y en zonas de alto riesgo de inundación, están detrás del agravamiento de sus efectos. La experiencia así lo demuestra.

Por eso la única solución válida para evitar la erosión y futuras inundaciones es la que llevamos planteando desde hace mucho tiempo, la creación de un parque fluvial y la renaturalización del tramo urbano, eliminado obstáculos y taponamientos, reforestando toda la ribera con especies autóctonas y creando un paseo peatonal de uso público. Y esto se puede hacer -de forma inmediata y con clara voluntad política- con fondos supramunicipales, iguales que los que se utilizan para arreglar calles o crear nuevos parques.

La recuperación del ecosistema fluvial con la plantación de vegetación de ribera propiciará que el arroyo se autoregule, oxigenándose y dejando de oler a podrido. Estamos convencidos de que esta propuesta será una solución definitiva para el cauce urbano del arroyo Saladillo. No se trata de ir en contra de la naturaleza sino de favorecer mecanismos naturales como la creación de meandros gracias al depósito natural de los materiales erosionados aguas arriba.

Imágenes del desbordamiento arroyo Saladillo como ARPSI en Arahal.

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La simplificación del procedimiento, la falta de recursos humanos, materiales y económicos, dejar a los ayuntamientos y promotores la vigilancia y control de medidas correctoras y la creación de los bancos de la Naturaleza, suponen graves amenazas para poder cumplir los objetivos que marca la exposición de motivos del Borrador en información pública.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente un documento de Alegaciones al Borrador del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha que se encuentra en información pública y cuyo plazo termina esta semana. Las alegaciones presentadas se han basado en dos aspectos fundamentales: en la experiencia de participación de la asociación en los procedimientos de Evaluación Ambiental sujetos a la Ley 4/2007,  y el texto y articulado propuesto en la nueva Ley que se pretende aprobar. Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al Borrador de Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que se encuentra en información pública y cuyo plazo finaliza esta semana. Con el objetivo de adaptar la legislación regional a la nacional (Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental) y con cuatro años de retraso, el gobierno regional pretende adaptar esta normativa nacional, que el actual Ministerio para la Transición Ecológica se está planteando volver a modificar, por lo que no tendría sentido continuar el procedimiento en Castilla-La Mancha. La propuesta presentada por el Gobierno regional pretende “facilitar” el procedimiento de evaluación ambiental, reduciendo y simplificando criterios, plazos y medidas.  Deja de manifiesto la falta de recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de esta normativa y la cada vez más amplia en materia medio ambiental, llegando a afirmar que el encargado del control y seguimiento de las medidas correctoras, compensatorias y del Plan de Vigilancia Ambiental, serán el promotor, (la zorra a cuidar las gallinas) y el órgano sustantivo, los ayuntamientos, que en la inmensa mayoría son tan pequeños que no disponen de personal cualificado. Ecologistas en Acción considera que la guardería de Agentes medio ambientales deben velar por el cumplimiento y seguimiento de lo estipulado en esta norma, pero considera que sería necesario incrementar exponencialmente la plantilla. Asimismo, Ecologistas en Acción ha solicitado la retirada de la Disposición Adicional Primera referente a los Bancos de Conservación de la Naturaleza al considerar que la naturaleza no es proveedora de servicios ambientales. Al categorizarlos como servicios pueden comprarse, venderse, ser sujetos de apropiación, usufructo, privatizarse, titularse, etcétera. Quien vende y compra “servicios ambientales”, está comercializando lo que la naturaleza ha realizado por millones de años. Tanto la invención de los servicios ambientales, la conversión en mercancías y la adjudicación de precios, así como la libre intervención de las empresas privadas, son parte de una economía neoliberal aplicada a la naturaleza. Esto tiene un impacto directo sobre los territorios y los derechos colectivos de los pueblos pues se estaría restringiendo el uso que tradicionalmente le han dado y estarían cediendo estos derechos a un tercero.   Respecto a los Anexos que contemplan los proyectos que deben someterse a Evaluación Ambiental Simplificada y Ordinaria, Ecologistas en Acción, ha solicitado que los organismos modificados genéticamente y las granjas para cría y engorde de pavos de 10.000 o más, pasen la evaluación ordinaria. Y respecto a la evaluación simplificada se excluyan los proyectos con organismos modificados genéticamente, se incluyan las granjas para cría y engorde de pavos de 2.000 o más y se cumplan los requisitos de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.   Y por último, en relación al articulado del Anteproyecto de Ley, hemos propuesto la modificación, eliminación o adaptación a normativa Europea, de al menos 17 artículos, cuyo objetivo ha sido garantizar una adecuada evaluación ambiental, empezando por la calidad y completitud de los proyectos presentados por el promotor, por medidas que plasmen una participación real que llegue a todos los interesados, ya sean afectados directos o indirectos, que se vele por los espacios naturales protegidos y que el órgano ambiental (Consejería de Medio Ambiente) vele por el cumplimiento de los objetivos de la conservación de los ecosistemas, la calidad de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Como medida particular, hemos pedido que se establezca una fianza de 24.000 euros que sirvan para el cumplimiento de las medidas correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto y como responsabilidad ambiental en caso de cualquier posible incumplimiento.

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  • En la Semana Europea de la Movilidad, Ecologistas en Acción lamenta la aprobación de un desarrollo urbanístico que amenaza con colapsar las vías de acceso a Madrid y desbordar la capacidad de su red de transporte público.
  • Según un informe de Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, se estima en medio millón el incremento de viajes asociados directamente a la Operación Chamartín (rebautizada como Madrid Nuevo Norte).
  • El efecto del desarrollo Madrid Nuevo Norte afectará a toda la región, empeorando los problemas de contaminación, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y agravando el desequilibrio en la movilidad actual entre sur/este y norte/oeste.

La aprobación de la operación urbanística Madrid Nuevo Norte por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, prevista para mañana jueves, supone el pistoletazo de salida a un proyecto que podría causar importantes impactos negativos sobre la movilidad en la capital.

Según el informe Evaluación de los efectos de la propuesta Madrid Nuevo Norte (APR 08.03 Prolongación de la Castellana) en las infraestructuras de transporte del área metropolitana de Madrid , elaborado por Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, se calcula en aproximadamente medio millón el número diario de nuevos desplazamientos generados por la operación. Esto supondría un aumento del 23 % de entradas a la capital y la consiguiente saturación de las correspondientes infraestructuras viarias, así como de la red de transporte público, cuya capacidad podría verse sobrepasada.

Ubicada en una zona estratégica del norte de Madrid en términos de movilidad a nivel local, regional y estatal, Madrid Nuevo Norte afecta a una superficie de casi 300 hectáreas, equivalente a tres veces el parque de El Retiro. En total, la operación prevé una edificabilidad de 2.662.500 m², con predominio del uso terciario al sur de la M-30 y de uso residencial al norte de esta.

El hecho de que la mayor parte de la edificabilidad de la operación se destine a uso de oficinas y comercial provocará un aumento exponencial del número de viajes motorizados en la zona norte de Madrid, no solo desde el propio municipio sino también a nivel regional. Hay que recordar que el uso de oficinas genera más del doble de viajes, y el comercial más de siete veces, respectivamente, que el uso residencial. Por ello, el mencionado informe calcula, siguiendo las tendencias demográficas de Madrid y de los municipios de su alrededor, que 539.000 vehículos adicionales podrían entrar y salir cada día de la capital a causa del desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Esta cifra podría ser superior, dependiendo del porcentaje de la edificabilidad que finalmente se destinase a uso comercial.

Este incremento de los desplazamientos motorizados anularían y contrarrestarían todos los esfuerzos del Plan A por reducir los niveles de contaminación que actualmente sufre la ciudad y por cumplir con los compromisos climáticos del Pacto de los/as Alcaldes/as firmado por Madrid en 2015. Asimismo, y al apuntalar la Operación Chamartín un modelo urbanístico dependiente en gran medida del automóvil, supondría en el futuro otro obstáculo más para implementar políticas de movilidad sostenible que reduzcan las emisiones de sustancias contaminantes y de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, en relación a la red de transporte público, utilizando datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, actualmente la capacidad máxima de entrada en Madrid en hora punta se estima en algo menos de 200.000 personas. Según los cálculos realizados por el informe, en los escenarios de mayor afluencia de viajes asociados al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, aproximadamente 163.000 personas estarían entrando en Madrid en hora punta. A efectos prácticos estos datos suponen que la red de transportes público se vería sobrepasada, y las previsiones expresadas de que el transporte público absorbería la demanda nueva de movilidad solo puede considerarse excesivamente optimistas.

Todo lo anterior pone de manifiesto el fuerte impacto de la Operación Chamartín sobre la movilidad del conjunto de la ciudad y de la región. Sin embargo, ni la promotora Distrito Castellana Norte (DCN) ni el Ayuntamiento de Madrid han aportado hasta el momento ningún dato ni análisis sobre la capacidad de carga del territorio y las implicaciones en movilidad de esta operación. Para la organización ecologista, es una triste ironía que un plan así se apruebe justo cuando se celebra la Semana Europea de la Movilidad.

Por todo ello, Ecologistas en Acción muestra su preocupación ante los graves daños en las condiciones de vida, la salud y la sostenibilidad medioambiental que la Operación Chamartín va a causar en la ciudad de Madrid. Y alerta de las nuevas necesidades de inversión en infraestructuras públicas de transporte que de forma indirecta se van a generar, con el consiguiente incremento de la carga financiera para el conjunto de la sociedad madrileña.

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El tratamiento de residuos tóxicos de la empresa Distiller S.A., la actividad de otras empresas contaminantes de la atmósfera en Ólvega, y la detección anómalas concentraciones de tolueno, xileno y benceno en el polígono industrial hacen aconsejable que haya una medición continúa de inmisiones de estas sustancias y de otras aún más tóxicas. Con ello se aseguraría la calidad del aire y la salud de los vecinos y trabajadores de Ólvega.

Las denuncias, quejas y avisos al 112 por olores irritantes, y las acciones institucionales realizadas por ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria y por los vecinos de Ólvega han motivado a la Junta de Castilla y León a investigar la calidad del aire que se respira en Ólvega y las anomalías en el funcionamiento e instalaciones de Distiller. Actuación a la que se había negado el alcalde de Ólvega cuando desde hace años los vecinos le protestaban verbalmente por los perniciosos olores industriales en sus casas.

Finalmente la Junta de CyL instaló una estación medidora de la calidad del aire que estuvo primero ubicada en las inmediaciones de Distiller entre el 10 de noviembre y el 14 de diciembre de 2016; y luego entre el 14 de diciembre de 2016 al 26 de enero de 2017 en el centro del pueblo junto a la guardería escolar.

Los resultados de tales mediciones y sus conclusiones fueron publicados en el mes de junio de 2017 en la página web de la Junta de CyL, y pasaron desapercibidas en el informe anual de calidad del aire de CyL del año 2016.

De las conclusiones del informe destacamos:

1.- No se han superado los valores límite de protección a la salud a la población durante la medición

2- En relación a la presencia de tolueno y xileno en la atmósfera del Polígono Industrial, el informe reconoce que las concentraciones son llamativos, pero no exceden los niveles legales inmisión porque simplemente no existen tales niveles ni obligación de cumplirlos.

3- Por la regularidad diaria y semanal de sus picos de concentración, el informe los relaciona con una actividad industrial.

Para interpretar los resultados hay que considerar que:

a) La presencia de la estación móvil de medición de la calidad del aire en Ólvega fue comunicada previamente a las empresas afectadas.

b) Durante ese periodo los vecinos no sintieron los olores irritantes.

c) Con posterioridad y a lo largo del año 2017 volvieron a ser frecuentes los olores irritantes, tal y como algunos vecinos hicieron constar al servicio de emergencias 1.1.2. A pesar de lo cual la Junta de CyL (que se sepa públicamente) no ha adoptado ninguna medida cautelar hasta la fecha

A Ecologistas en Acción nos llama la atención que el informe aún detectando una anómala presencia de Tolueno, no expone sus repercusiones para la salud, ni plantea ampliaciones de estudios sobre su presencia en la atmósfera, o medidas para localizar con certeza al foco emisor; como cabría esperar.

Las máximas concentraciones de tolueno registradas fueron de 20,5 µg/m³. Para hacernos una idea, se corresponde con la contaminación de las calles con abundante tráfico de Valladolid. Ahora bien, su olor sólo es detectado por el olfato humano cuando supera los 1000 µg/m³, lo cual nos da idea de las concentraciones presentes en Ólvega cuando lo han detectado los vecinos en sus casas. En todo caso se superaría al valor guía de 260 µg/m³ que establece la OMS, a falta de valores legales en España.

El tolueno es un compuesto orgánico volátil mutagénico que además produce efectos graves sobre el sistema nervioso. En exposiciones únicas a tolueno o exposiciones repetidas durante unas semanas puede producir dolores de cabeza, somnolencia y puede alterar la capacidad para pensar claramente.

En Ólvega algunos vecinos han constatado tales síntomas, e incluso algunos más graves como irritación de las vías respiratorias y de los ojos, mareos y nauseas, lo cuál indica que las concentraciones de tolueno solo o en compañía de otros gases más tóxicos eran mucho más elevadas que los 1000 µg/m³.

 

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El secretario general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), Rafael Márquez, ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar de forma inminente de nuevo el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA). Dicha afirmación la ha realizado Rafael Márquez en la reciente sesión del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo a preguntas de Ecologistas en Acción, que ha venido reclamando tanto al consejero de Medio Ambiente José Fiscal, como a la propia presidenta de la Junta de Andalucía, la aprobación urgente del Plan tras su anulación por los tribunales.

El Plan del Litoral se aprobó en mayo de 2015, con un gobierno en funciones, lo que le incapacitaba para aprobar decreto alguno. Este Plan era poco ambicioso, pues, aunque el objetivo que esgrimió la Junta de Andalucía era frenar el proceso galopante de urbanización del litoral, lo cierto es que llegó tarde -ya se encuentra urbanizado el 40% de esa franja litoral-, y de forma insuficiente, ya que respetó la mayor parte de los suelos declarados urbanizables, donde se pueden construir 143.000 viviendas, lo que es un auténtico disparate, pues en Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías.

El Plan fue anulado en primera instancia por el TSJA en septiembre de 2017. La Junta de Andalucía, en vez de rectificar y aprobar el PPCLA de manera correcta, decidió seguir por la vía judicial, hasta que en marzo de este año el Tribunal Supremo rechazó el Recurso de Casación, quedando el Plan anulado definitivamente.

Tras este varapalo judicial, tampoco se reaccionó con la urgencia que requería la situación, pues la anulación del PPCLA abría las puertas a la urbanización de miles de hectáreas en el litoral andaluz, que dejaban de estar protegidas en unos momentos en que se comienza a reactivar la especulación urbanística. Dada la alta vulnerabilidad en que ha quedado el litoral andaluz, ya se están produciendo movimientos en los ayuntamientos litorales y en empresas promotoras para reactivar determinados proyectos urbanísticos desestimados por la puesta en marcha del PPLA, existiendo un peligro real de que se aprueben planes y proyectos urbanísticos en el litoral que, de estar vigente dicho Plan, no se podrían llevar a cabo.

Ecologistas en Acción ha venido reclamando al consejero de Medio Ambiente y a la presidenta de la Junta de Andalucía que pusieran en marcha medidas cautelares que impidieran el inicio de actuaciones urbanísticas en la franja de los 500 metros de litoral andaluz, ahora sin protección legal. No hemos tenido contestación.

Ha sido ante nuestra insistencia en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo que por fin el secretario general de Ordenación del Territorio ha anunciado que se va a proceder a aprobar de nuevo el mismo PPCLA por el Consejo de Gobierno, para lo que cuentan ya con los informes favorables del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

Lamentablemente, no parece que la Junta de Andalucía se esté dando mucha prisa en volver a aprobar el PPCLA y, a la vista de la actual situación política, si no se aprueba de forma inminente, pueden volver a repetirse las mismas circunstancias, que haya un gobierno en funciones sin capacidad legal para aprobar decretos.

Ecologistas en Acción exige públicamente a la CMAyOT que deje de dilatar esta nueva aprobación del Plan del Litoral, y que se lleve al próximo Consejo de Gobierno para aprobarlo de forma correcta, y que así, nuestro litoral vuelva a contar una protección, aunque sea limitada, que impida su urbanización.

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