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Pese a la inestabilidad atmosférica, los 1,3 millones de habitantes de Aragón respiraron aire contaminado durante 2018. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Aragón estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En un año de abundantes lluvias, el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles mantienen un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 28 situadas en Aragón.

En lo que respecta a Aragón, entre sus principales conclusiones, destacan:

– En 2018, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), recuperando aparentemente la tendencia decreciente de estos contaminantes iniciada en 2008 con la crisis económica. La contaminación generada desde la ciudad de Zaragoza, las autopistas y la Central Térmica de Andorra se extiende por el territorio afectando a las zonas rurales en la forma de ozono.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2018 a la totalidad de la población y del territorio de Aragón.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales. Pero la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó 15.700 km², una tercera parte del territorio aragonés.

– Las elevadas precipitaciones y la inestabilidad atmosférica han reducido los episodios de contaminación, contribuyendo de manera importante a mejorar la calidad general del aire. El invierno y el otoño han resultado húmedos, lo que ha favorecido la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). En cambio, pese a las fuertes lluvias primaverales, el prolongado calor estival ha mantenido elevadas los niveles de ozono.

– El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2018 sus niveles aumentaron significativamente en Aragón, de manera que toda la población y el territorio de Aragón, incluida la ciudad de Zaragoza, han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.

– Las partículas (PM10 y PM2,5) en el aire todavía afectaron a la mitad de la población de Aragón, concentrada en la ciudad de Zaragoza (partículas PM2,5), aunque dentro de los límites legales. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica.

– El descenso de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor inestabilidad atmosférica, y en menor medida de la reducción de la producción eléctrica en centrales térmicas. No obstante, el cambio de ciclo económico está conllevando el aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria, recuperando los niveles del año 2012.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar las pérdidas económicas que se derivan de los daños provocados sobre los cultivos (disminución de la producción y la calidad) y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, el Gobierno de Aragón lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas de la Comunidad salvo la ciudad de Zaragoza, donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de los cultivos y bosques de la región.

– La única forma de mejorar la contaminación del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón (Andorra-Teruel) y penalizar el combustible y los vehículos diésel.

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  • Pese a la caída de las partículas y el dióxido de nitrógeno, durante 2018 todavía 45 millones de personas respiraron aire contaminado en el Estado español.
  • Un año más, el ozono sigue destacando como el contaminante más extendido y con niveles estacionarios o al alza.

La calidad del aire en el Estado español durante 2018: [Informe] | [Resumen]

Algo más de 45 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2018 en España. El informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que el 97 % de la población y el 92 % del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pese a las abundantes lluvias, el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles mantienen un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas por segundo año consecutivo las de los puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– En 2018, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación atmosférica por partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2 ) –no así por ozono troposférico (O3)–, recuperando aparentemente la tendencia decreciente de estos contaminantes iniciada en 2008 con la crisis económica, lo que explica la mejoría de la situación y la menor población y territorio afectados.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2018 a 45,2 millones de personas en el Estado español, el 97 % de su población, así como a 465.000 kilómetros cuadrados, el 92 % del territorio.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 14,9 millones de personas, un tercio del total y 2,6 millones de afectados menos respecto a 2017. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 254.000 km², la mitad del territorio español y 42.000 km² menos que en el año anterior.

– Las elevadas precipitaciones y la inestabilidad atmosférica han reducido los episodios de contaminación, contribuyendo de manera importante a mejorar la calidad general del aire. El invierno y el otoño han resultado húmedos, lo que ha favorecido la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). En cambio, pese a las fuertes lluvias primaverales, el prolongado calor estival ha mantenido elevadas los niveles de ozono.

– La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico rodado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y otros combustibles fósiles son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte marítimo tiene gran repercusión en la calidad del aire de los puertos y las regiones litorales.

– El ozono troposférico es el contaminante que presentó una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante el año 2018, por el prolongado calor estival, la mayor parte de la población y el territorio españoles han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.

– Las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectaron a dos tercios de la población del Estado. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica, exceptuando 2015 y 2017.

– El descenso de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor inestabilidad atmosférica, y en menor medida de la reducción de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón, petróleo y gas. No obstante, el cambio de ciclo económico sigue conllevando el aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria, recuperando los niveles del año 2012.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. El Plan Aire II del Gobierno Central no es más que un documento de buenas intenciones, sin rango legal, ni mecanismos eficaces, ni financiación. En cambio, el buen resultado del Plan A del Ayuntamiento de Madrid se ve amenazado con la posible reversión de su medida estrella, Madrid Central, una pésima noticia cuyas consecuencias de todo tipo no se han calibrado.

– Una decena de Comunidades Autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono. Por primera vez en España, en 2018 un tribunal regional como el de Castilla y León ha declarado la obligación de las administraciones autonómicas de elaborar dichos planes en la zona donde se incumplen los objetivos legales. La inactividad del Gobierno central en esta materia está vista para sentencia en la Audiencia Nacional.

– La única forma de mejorar la contaminación del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón, penalizar el diésel y declarar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo como las del Báltico y el Mar del Norte.

 

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La calidad del aire en el Estado español durante 2018: [Informe] | [Resumen]

En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace más de una década viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.

Las últimas estimaciones globales de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica son muy preocupantes. Elevan en el año 2015 hasta medio millón las muertes prematuras en los países europeos por la mala calidad del aire, 422.000 por exposición a partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5), 79.000 por exposición a dióxido de nitrógeno (NO2) y 17.700 por exposición a ozono troposférico. En España, las víctimas de la contaminación serían ya más de 30.000 al año, 27.900 por partículas PM2,5, 8.900 por NO2 y
1.800 por ozono, lo que supone duplicar los 16.000 fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas una década.

El coste económico de la mortalidad prematura y de la pérdida de días de trabajo por la contaminación del aire ambiente y en el interior de las viviendas ha sido cuantificado por el Banco Mundial en 38.000 millones de euros en 2013, equivalentes al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, sin considerar los daños provocados a los cultivos, los ecosistemas naturales u otros bienes de cualquier naturaleza.

En este contexto, el presente informe pretende dibujar una imagen amplia y fiel de la situación de la calidad del aire en nuestro país durante el año 2018, en relación a la protección de la salud humana y de la vegetación. La población estudiada es de 46,7 millones de personas, y representa toda la empadronada a 1 de enero de 2018 en el Estado español, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que no disponían de redes de medición de la calidad del aire pero sí realizan muestreos periódicos de algunos contaminantes atmosféricos.

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias.

El origen de este problema en nuestras ciudades se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico rodado, a las que se suman en mucha menor proporción las causadas por las calefacciones, así como las ocasionadas por el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puerto y/o aeropuerto próximos.

En determinadas regiones puede también resultar relevante el problema causado por determinadas industrias, centrales energéticas (térmicas de carbón y de ciclo combinado), refinerías, cementeras e incineradoras; sin olvidar el aporte causado por algunas fuentes naturales de cierta importancia, así como por el transporte marítimo y aéreo internacional, principales fuentes globales de los contaminantes primarios y de los precursores de ozono, frente a las que apenas se está actuando de forma efectiva.



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La Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha denegado la autorización para poner en regadío 163 hectáreas de monte público catalogado  de la Dehesa Boyal de Trigueros, incluidas dentro de la zona de Los Palmares, que se pretendían dedicar a agricultura industrial. La Dehesa Boyal es un complejo de lagunas temporales, de gran importancia por las especies protegidas de flora y fauna que alberga.

El grupo de fincas conocidos como “Los Palmares” de 358 hectáreas, incluye monte público catalogado y bien comunal de Trigueros, cuyo ayuntamiento  lo arrendó a una empresa agrícola por un periodo de 30 años sin “estudio previo de viabilidad” , en el que se hubiese tenido en cuenta la presencia de ecosistemas singulares o la disponibilidad de agua. Ecologistas en Acción alegó en contra de esta transformación, recordando además que ya propuso su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, ya que el complejo de lagunas endorreicas conocidas como Dehesa Boyal conforman, en su conjunto, un ecosistema de gran importancia, con taxones protegidos de flora, que también alberga a fauna singular.

La Junta de Andalucía reconoce en su resolución la importancia de este espacio húmedo y señala en la respuesta a las alegaciones ecologistas que su Delegación de Huelva informó favorablemente a su inclusión en el Inventario de Humedales. Ecologistas en Acción se alegra de este reconocimiento de los valores ambientales de este sistema singular de lagunas temporales y exigirá a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Trigueros que adopten las medidas necesarias para su conservación y mejora.

Ecologistas en Acción de Huelva sigue sin entender que entidades que debían proteger su patrimonio forestal como el Ayuntamiento de Trigueros se hayan dedicado a impulsar operaciones de transformación en regadío en zonas catalogadas de monte público, cuando saben que no pueden ser autorizadas legalmente.

La asociación ecologista recuerda también que alegó que “no está justificada ni documentada la existencia de agua necesaria en condiciones adecuadas para dicha transformación y las instalaciones anejas”, ya que todo el proyecto está basado en el uso de las aguas residuales tratadas de Beas, Trigueros y San Juan del Puerto.  Ecologistas en acción de Huelva se mantendrá vigilante para que esta concesión de aguas residuales no se convierta en el futuro  en una coartada para la solicitud de aguas superficiales de riego procedentes de otras cuencas, práctica de hechos consumados que parece extenderse en la agricultura  intensiva, en vez de la necesaria planificación rigurosa que se debería exigir en tiempos de emergencia climática.

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Malgrat la inestabilitat atmosfèrica, els 7,6 milions d’habitants de Catalunya van respirar aire contaminat durant 2018. L’Informe anual de Qualitat de l’Aire d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori de Catalunya van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. En un any d’abundants pluges, el canvi climàtic i el repunt en la crema de combustibles fòssils mantenen un problema que afecta la salut de la ciutadania, però també als cultius, boscos i espais naturals.

La calidad del aire en el Estado español durante 2018: [Informe] | [Resumen]

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en gairebé 800 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 135 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– En 2018, s’ha produït una reducció general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2) i diòxid de sofre (SO2), recuperant aparentment la tendència decreixent d’aquests contaminants iniciada en 2008 amb la crisi econòmica. La contaminació generada des de l’àrea metropolitana de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric.

– Les elevades precipitacions i la inestabilitat atmosfèrica amb registres excepcionals de més de 1.000 mil·límetres de precipitacions acumulades en més de la meitat de les comarques, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), han contribuït de manera important a millorar la qualitat general de l’aire durant el 2018. Aquest factor ha estat determinant per afavorir la dispersió i deposició dels contaminants típicament hivernals (NO2 i partícules). En canvi, malgrat les fortes pluges primaverals, la prolongada calor estival ha mantingut elevades els nivells d’ozó.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’objectiu a llarg termini per a protegir la vegetació establert per la Unió Europea. D’acord a aquests nivells, l’aire contaminat va afectar en 2018 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

– Si es prenen els estàndards de la normativa, més laxos que les recomanacions de l’OMS, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals seria de 3 milions d’habitants en l’Àrea de Barcelona, la Plana de Vic i el Prepirineu. I la superfície exposada a nivells de contaminació que excedeixen dels legalment permesos per a protegir els cultius agrícoles i els ecosistemes naturals va assolir els 22.000 km², dues terceres parts del territori català.

– El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules (PM10 i PM2,5) en l’aire van afectar la major part de la població de Catalunya, amb especial incidència en l’àrea metropolitana de Barcelona, que va tornar a incomplir el límit legal de NO2, així com en el Port de Tarragona (partícules PM10 i SO2).

– L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta una major extensió i afecció a la població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor) durant l’estiu, com a resultat del canvi climàtic. Durant 2018 tota la població i el territori catalans han seguit exposats a concentracions d’ozó perilloses per a la salut humana i vegetal, especialment en les zones rurals a sotavent de la ciutat de Barcelona i del pol químic de Tarragona. Els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per a reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya fa anys que ve ometent l’elaboració i aplicació d’aquests plans, resultant preceptius en gairebé totes les zones de la Comunitat. Es tracta d’una negligència que està posant en perill la salut de 5,8 milions de catalans i de la major part dels cultius i boscos del país.

– Encara que en 2018 no s’ha reiterat a la Plana de Vic la superació registrada en els anys 2013 i 2015 de l’objectiu legal anual establert per a cancerigen benzo(a)pirè, 19 de les 26 estacions que han mesurat aquest contaminant a Catalunya han superat la recomanació de l’OMS, afectant tretze de les seves quinze zones. En les estacions de Constantí i Universitat Laboral de Tarragona es van produir mitja desena de superacions del límit legal semi-horari de sulfur d’hidrogen (H2S).

La contaminació de l’aire hauria d’abordar-se com un problema de primer ordre. Cada any es registren fins a 30.000 morts prematures en l’Estat espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, segons l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). La informació a la ciutadania no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema. Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica representen almenys 50.000 milions de dòlars a l’any, un 3,5 % del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

L’única forma de millorar la qualitat de l’aire a les ciutats és disminuir el trànsit rodat, amb mesures eficaces de reducció del vehicle privat com el peatge urbà i potenciant el transport públic, la bicicleta i el trànsit per als vianants. També és necessari declarar una àrea de control de les emissions del transport marítim en el Mar Mediterrani, que limiti el contingut de sofre dels combustibles marins a un màxim de 0,10% de sofre en massa com ja existeix al Mar Bàltic i el Mar del Nord, promoure l’estalvi energètic i adoptar una Estratègia Residu Zero.

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Pese a la inestabilidad atmosférica, los 6,6 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid respiraron aire contaminado durante 2018. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Madrid estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En un año de abundantes lluvias, el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles mantienen un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales.

La calidad del aire en el Estado español durante 2018: [Informe] | [Resumen]

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 49 situadas en la Comunidad de Madrid.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, entre sus principales conclusiones, destacan:

– En 2018, se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), recuperando aparentemente la tendencia decreciente de estos contaminantes iniciada en 2008 con la crisis económica. La contaminación generada desde la capital, las principales ciudades y las autovías y autopistas que atraviesan toda la Comunidad se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2018 a la totalidad de la población y del territorio de la Comunidad de Madrid.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, igualmente la totalidad de la población respiró aire contaminado por encima de los límites legales, salvo la Cuenca del Alberche. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó todo el territorio madrileño, incluidos los parques periurbanos y forestales del municipio de Madrid.

– Las elevadas precipitaciones y la inestabilidad atmosférica han reducido los episodios de contaminación, contribuyendo de manera importante a mejorar la calidad general del aire. El invierno y el otoño han resultado húmedos, lo que ha favorecido la dispersión y deposición de los contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). En cambio, pese a las fuertes lluvias primaverales, el prolongado calor estival ha mantenido elevados los niveles de ozono.

– El dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas (PM10 y PM2,5) en el aire también afectaron a la práctica totalidad de la población de la Comunidad de Madrid, con especial incidencia en la capital y el Corredor del Henares, que volvieron a incumplir los límites legales por NO2. Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica.

– El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2018, por el prolongado calor estival, toda la población y el territorio madrileños han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal, especialmente en las zonas rurales a sotavento de la ciudad de Madrid.

– El descenso de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor inestabilidad atmosférica. No obstante, el cambio de ciclo económico está conllevando el aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria, recuperando los niveles del año 2012.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Comunidad de Madrid lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, resultando preceptivos en todas las zonas de la Comunidad. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de la población madrileña y de los cultivos y bosques de la región.

– La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la bicicleta y el tránsito peatonal, con medidas como la zona de bajas emisiones Madrid Central, que ha conllevado una mejoría notable de la calidad del aire del área de tráfico restringido y de toda la ciudad en sus primeros meses de aplicación. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón y penalizar el combustible y los vehículos diésel.

El anunciado desmantelamiento de Madrid Central mediante la supresión de las multas a partir del 1 de julio ha provocado una gran indignación social puesto que, pese a sus buenos resultados, supone también la suspensión de facto de las cuatro APR preexistentes en su interior, lo que nos retrotrae a la situación de 2005. Este malestar ciudadano se está canalizando a través de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, que está promoviendo muchas iniciativas, entre la que destaca la manifestación de Callao a Sol el próximo sábado, 29 de junio.

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Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que investigue la presunta extracción ilegal de agua detectada en diferentes puntos del término municipal de Torrejón de Velasco.

Según la organización ecologista, en los últimos años se viene registrando un considerable aumento de los cultivos de regadío (especialmente hortalizas como la patata y la cebolla) en parcelas de este municipio tradicionalmente destinadas al cultivo de cereales. Estas explotaciones, ubicadas en parajes como Los Estragales, Camino Alto, La Calza, El Baldío, Olivar de los Daños, se sitúan preferentemente en las inmediaciones del cauce del Guatén, un arroyo de ya muy menguados recursos.

La creciente sobreexplotación de sus aguas subterráneas, combinada con una sensible disminución de las precipitaciones, está teniendo nefastas consecuencias para los humedales que hacen de la zona un enclave de capital importancia para la avifauna. Algunas especies como el cernícalo primilla, ave en peligro de extinción, tienen en estos valiosos encharcamientos su principal área de alimentación.

A juicio de la asociación ecologista, el impulso de estas transformaciones en una comarca como es La Sagra Madrileña -de usos agrícolas vinculados tradicionalmente al secano por evidentes imperativos climatológicos e hidrológicos- representa una seria preocupación que añadir a la ya de por sí delicada situación de la IBA 393 “Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro”.

Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro recuerda que las regulaciones legales establecen la necesidad de solicitar una autorización administrativa cuando el volumen total anual extraído supere los 7.000 metros cúbicos o cuando los acuíferos hayan sido declarados como sobreexplotados o en riesgo de estarlo. Las regulaciones son, el Artículo 87 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Artículo 54 referido a Usos Privativos del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Finalmente, la asociación ecologista ha reclamado en el mismo escrito al Comisario de Aguas, Javier Díaz-Regañón, información del estado de la denuncia presentada en 2018 y la consecuente apertura de un expediente sancionador por la existencia de un pozo ilegal en este mismo municipio madrileño.

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