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• Ecologistas en Acción pone a disposición del Mar Menor su velero Diosa Maat para realizar toma de datos y acciones reivindicativas.
• El velero ha llegado este fin de semana al Mar Menor, donde fue recibido con pancartas y bocinas en el Puente del Estacio por grupos de activistas de diferentes colectivos que luchan por la recuperación de la laguna salada.
• El resto de embarcaciones presentes en la zona en esos momentos también mostraron su apoyo a la presencia del velero de la organización para apoyar la lucha por un Mar Menor Vivo.

Ante la crítica situación actual del Mar Menor y la inacción del Gobierno Regional de Murcia, el velero Diosa Maat de Ecologistas en Acción ha llegado desde Santa Pola para apoyar las movilizaciones ciudadanas que reclaman la urgente puesta en marcha de soluciones eficaces y en origen.

El Diosa Maat llegó el sábado 25 de septiembre al Puerto de Tomás Maestre a través del Canal del Estacio, donde fue recibido con pancartas entre aplausos y al grito de «SOS Mar Menor» y «Por un Mar Menor Vivo». Activistas de varias organizaciones en lucha por el Mar Menor –entre ellas Pacto por el Mar Menor, SOS Mar Menor, ILP, Banderas Negras o Ecologistas en Acción– quisieron manifestar así su agradecimiento a la presencia del velero en aguas de la laguna salada. Se trata de organizaciones y personas que llevan años reivindicando soluciones ante la progresiva degradación de este singular y único ecosistema.

En las pancartas se podían leer mensajes como «Por un Mar Menor Vivo», «SOS Mar Menor» o «Agricultura. Medidas urgentes YA». Las imágenes y vídeos de la bienvenida han inundado las redes sociales durante todo el fin de semana. Además,  la organización está recibiendo una avalancha de personas que se ofrecen a ser voluntarias durante estas semanas de actividades previstas en el Mar Menor.

La tripulación del velero, formada por personal científico, ha agradecido el entusiasmo con el que activistas y embarcaciones de la zona recibieron al velero. «Ha sido muy emocionante ver como el sentimiento de arraigo al Mar Menor y el apoyo a la lucha por recuperar su salud y esplendor. Trasciende a los grupos ecologistas y es expresado por cualquier persona que ha tenido la oportunidad de conocer y disfrutar de este maravilloso espacio natural», ha expresado Sara Acuña, responsable de la campaña del velero en el Mar Menor y coordinadora de Ecologistas en Acción.

El velero de Ecologistas en Acción ha anunciado que centrará su trabajo en la toma de datos, comprobación del estado del ecosistema, y los trabajos de recabar pruebas gráficas para demostrar que la degradación que sufre el ecosistema es más profunda de lo que se aprecia en las orillas. También para señalar cómo sus consecuencias se prolongan más allá de la «sopa verde» y las mortandades de fauna.

La organización ecologista ha recordado que la ciencia establece sin lugar a dudas que el origen del proceso de eutrofización se debe a la llegada de nutrientes (nitratos y fosfatos) cuyo origen está principalmente en la agroindustria del Campo de Cartagena. Por tanto, las actuaciones más urgentes deberán llevarse a cabo en este sector, sin olvidar que hay que actuar también sobre el urbanismo, el turismo y la navegación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que mientras el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pone en duda la certeza científica del origen agroindustrial de la crisis eutrófica y amenaza con denunciar a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su Gobierno no sólo no ha hecho nada por el Mar Menor, sino que han dado pasos para atrás.

Por todo ello, el velero Diosa Maat tiene previstas varias semanas de actividades. Su objetivo es visibilizar la realidad del Mar Menor, señalar el origen del problema y alertar de las falsas soluciones.

Ecologistas en Acción ha instado a Antonio Luengo, Consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medioambiente, así como al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a que presenten su dimisión y cedan el testigo, si se siguen considerando incapaces de aportar soluciones eficaces y en origen, para salvar tanto el Mar Menor, como el futuro de las poblaciones ribereñas.

Sara Acuña ha concluído: «El tiempo de la inacción ha terminado, y lo que necesita este valioso enclave natural son administraciones decididas y responsables que tengan la valentía y la voluntad de cumplir con las obligaciones de su cargo para con el pueblo y el interés general, sin dejarse arrastrar por el beneficio privado a toda costa».

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• Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF siguen de cerca el proceso de elaboración de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera del Estado, la primera de las cuatro leyes previstas que actualizarán la gestión pesquera en el Estado español,  un paso crucial que marcará el futuro de la pesca en nuestro país.
• Las organizaciones consideran que el anteproyecto de ley no resulta lo suficientemente ambicioso para dar una respuesta adecuada a la crisis global de pérdida de biodiversidad y a la emergencia climática. Por ello, instan al Gobierno a incorporar las mejoras necesarias en la fase actual para hacer frente a estos desafíos globales.

Los próximos seis meses son cruciales para el futuro de la pesca. El Gobierno está en trámite de elaborar la nueva legislación pesquera, con un paquete de cuatro nuevas leyes que afectarán a esta actividad y la primera es la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Las principales organizaciones medioambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF se reunieron el pasado mes de julio con la Secretaría General de Pesca para evaluar el borrador del Anteproyecto de esta ley.

La pesca es la actividad que más influye en la pérdida de biodiversidad marina tal y como evidencian recientes evaluaciones científicas. Por eso, según las organizaciones ecologistas, esta ley es crucial para establecer una base moderna, sólida y eficaz para la gestión de la actividad pesquera en la próxima década y una oportunidad para facilitar una transición ecológica y justa de la pesca. Para lograrlo es imprescindible garantizar  la participación real e informada del conjunto de los actores.

En este sentido, las organizaciones ambientales consideran que la ley es el marco idóneo para establecer mecanismos de participación y transparencia en política pesquera. En este marco se deben promover comités participativos de gestión, asesoramiento o consulta, tal y como se establece, por ejemplo, en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Tal y como afirman las entidades ecologistas, «en la última década hemos comprobado que el modelo participativo de gestión es el ideal y deseado por todos los actores involucrados para diseñar las medidas adecuadas y mejorar su cumplimiento. En el anteproyecto se establece que se pondrán en marcha este tipo de mecanismos, sin embargo esto no se ve reflejado específicamente en el articulado y nos preocupa que esto se quede en bonitas palabras y nada más».

Las organizaciones consideran positivo que en la ley se incluya el enfoque ecosistémico, aunque este no se acaba de reflejar en el articulado. Entre otros puntos, las entidades han expresado su preocupación por que el anteproyecto apenas contemple los planes plurianuales de gestión, herramienta esencial para alcanzar los objetivos de conservación y gestión europeos a nivel de las particularidades regionales o locales de cada pesquería. Sin estos planes de gestión a largo plazo, la adaptación al cambio climático resulta inviable. De hecho, la inclusión de un enfoque climático adaptativo ha sido una de las demandas hechas por los ecologistas en sus alegaciones.

Otra de las carencias de la ley es la poca ambición en la recopilación de datos, por ejemplo, de pesca incidental de especies vulnerables o en peligro. Esta recopilación de datos se considera uno de los objetivos principales de la ley, para su análisis y diseño de medidas mitigadoras, pero casi no se menciona en el articulado.

Asimismo, las organizaciones ambientales han hecho hincapié en que para avanzar en términos de sostenibilidad, una nueva ley de pesca ha de apostar por un reparto de cuotas que incentive las mejores prácticas ambientales y sociales. Es decir, que se apliquen criterios ambientales y sociales a la hora del reparto en beneficio de aquellos buques pesqueros que utilicen artes de  pesca más selectivos, con un reducido impacto ambiental, con bajo consumo de combustibles fósiles o menores daños al hábitat y especies, o que apliquen mejores prácticas socio-laborales.

Por último, se ha recalcado la importancia de la coordinación y coherencia en la aplicación de la legislación ambiental y la legislación pesquera. Para ello se debe impulsar la declaración de reservas marinas congestionadas, así como cierres permanentes, contribuyendo al objetivo establecido en la estrategia de Biodiversidad de la UE, de proteger el 30 % de nuestro medio marino para 2030.

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• Bajo el lema “El turismo nos empobrece, trabajadoras con derechos y vecinas con techo”, denuncian la falta de derechos laborales de Las Kellys y el peor acceso a la vivienda que causan los pisos turísticos, y realizarán una concentración el lunes.

Los colectivos convocantes de la acción denunciamos que en Sevilla no tenemos nada que celebrar en el Día Mundial del Turismo, que algunos celebrarán hoy. La riqueza que pregonan los dirigentes y empresarios del turismo (medida en PIB, entrada de divisas, inversiones) oculta la casi inexistente redistribución de beneficios, que queda en manos de unos pocos. Sin embargo, los efectos negativos del turismo lo sufrimos la mayoría, a quienes este modelo turístico solamente nos empobrece cada vez más. Reivindicamos alternativas político-económicas más justas y dignas para las sevillanas y sevillanos, así como el retorno del derecho a la vivienda y la mejora de condiciones laborales para todas y todos como prioridad urgente.

Por esto, hoy 27 de septiembre, a las 18 h., diferentes organizaciones sociales, partidos y sindicatos nos concentramos en Plaza Nueva frente al Hotel Inglaterra, en apoyo a Las Kellys, las camareras de piso, que sostienen con su trabajo y sus cuerpos este negocio a cambio de salarios mínimos, condiciones laborales extremadamente precarias y problemas de salud de por vida.

Aunque el Hotel Inglaterra está dentro de la Lista de Hoteles Éticos (Kellys Friendly), este establecimiento es emblema histórico de la patronal hotelera sevillana, y es a ésta a la que exigimos que tome cartas en el asunto y deje de aconsejar, como hace en su página web, la externalización de las camareras de pisos. Nos concentramos cerca del Ayuntamiento, donde esperamos que lleguen nuestras voces, para que el gobierno municipal ejerza presión sobre la Asociación de Hoteleros Sevillanos y que termine de una vez con este empobrecimiento de las mujeres sevillanas.

La industria hotelera no ha dejado de construir nuevos hoteles en la ciudad mientras los/las trabajadores/as de la hostelería estábamos afectados por un ERTE. Además, en su apertura no han incluido a las camareras de pisos en plantilla, sino que han contratado a una empresa externa, con la temporalidad y precariedad laboral que tienen aparejadas estas modalidades de contratación. Las camareras somos mujeres y madres de familia con responsabilidades económicas que atender y no nos podemos permitir trabajar en estas condiciones.

La presión que ejercen los pisos turísticos sobre el acceso a la vivienda tampoco parece que preocupe en absoluto a los gobernantes y empresariado de la ciudad, que apuestan de nuevo por la vía turística para salir de la crisis sanitaria-económica derivada de la pandemia. Mientras tanto, la falta de derechos y precarización del mercado laboral del turismo y la hostelería hace imposible acceder a un ya de por sí inflado mercado del alquiler residencial. Una burbuja que se explica, entre otros motivos, por la gran cantidad de viviendas que se ha sustraído para destinarlas al alquiler turístico. Esto ha provocado, inevitablemente, la expulsión de cientos de vecinos y vecinas que vivían en zonas tensionadas por el turismo, como el centro, Triana y alrededores, pero causa problemas en toda la ciudad.

Las entidades que convocan la concentración son el Colectivo-Asamblea contra la Turistización de Sevilla (CACTUS) y Kellys Unión Sevilla (Asociación de Camareras de Pisos), y apoyan: Ecologistas ciudad de Sevilla, Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), Coordinadora Antifascista de Sevilla, Asociación Casa del Pumarejo, Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), Mujeres Supervivientes, Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asamblea de Andalucía, Jornaleras de Huelva en Lucha, La Carpa, Sindicato de Estudiantes, A.V. La Revuelta, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Confederación General del Trabajo (CGT), Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Adelante Andalucía, A.VV. Barriada del Rocío Almutamid, Macarena para Todas, Izquierda Unida, Plataforma 8M, Partido Comunista de España (PCE), Partido Comunista de Trabajadores Españoles (PCTE), Solidaridad Internacional, Frente Sur Andalú, m21, L’Anónima, Plataforma somos migrantes, Mujeres de la otra Orilla, Podemos Sevilla, Barrios Hartos: Plataforma Vecinal Interdistritos de Sevilla y Fridays for Future Sevilla.

Más tarde, a las 20h del mismo día en La Carbonería (C/Levíes, 18), se presenta una propuesta con medidas para una mejor y más efectiva regulación de los pisos turísticos elaborada por asociaciones, organizaciones y colectivos sociales sevillanos, que busca paliar los efectos negativos que este fenómeno tiene sobre el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. También se presentará el fanzine editado por CACTUS con reflexiones críticas sobre el impacto del turismo en nuestras vidas, a través de ilustraciones, memes, textos cortos… elaborados expresamente para la ocasión.

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Antes del 30 de septiembre, el Consejo de Ministros debe aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria para 2022-2026 (DORA II), presentado por Aena, en el que se incluye la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo recuerdan que las actuaciones previstas van asociadas a un proyecto inmobiliario similar al de la Operación Chamartín, afectan a buena parte de los espacios protegidos Red Natura de la región, al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, así como a las poblaciones aledañas.

Las previsiones de Aena para el aeropuerto de Barajas requieren una inversión excesiva de 1.600 millones de euros, van asociaciadas a actuaciones inmobiliarias especulativas y suponen un fuerte impacto ambiental por el ruido, el riesgo de impacto con la avifauna y la contaminación. Las partículas ultrafinas, el hollín y los enormes niveles de ruido emitidos por los motores de las aeronaves representan la causa de patologías de tipo cardiovascular, discapacidades auditivas, alteraciones del sueño o deterioros del rendimiento cognitivo. Por ello, las principales asociaciones ecologistas madrileñas, lamentan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid apoye un proyecto contrario a la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad.

La ampliación del aeropuerto de Barajas se sustenta en dos actuaciones, una es el aumento de la capacidad de la infraestructura y la otra es la remodelación del espacio aéreo disponible. En relación a la primera, en el DORA II, Aena prevé unificar las actuales terminales 1, 2 y 3 y ampliar la T4 y su satélite para elevar el número potencial de pasajeros de los 70 millones actuales a 80 en 2030. Contempla la construcción de nuevos aparcamientos, uno de tres plantas con capacidad para 1.000 vehículos para empresas de alquiler de coches y VTC y otro de cinco plantas con 2.000 plazas para coches privados. También se prevé la conexión con trenes AVE desde la estación de Chamartín, aunque esta medida no se incluye en el DORA.

Al margen de las propuestas recogidas en el DORA II, Aena pretende llevar a cabo una importante operación inmobiliaria, la creación de una Airport City, es decir, una ciudad en los aledaños del aeropuerto con usos logísticos, aeronáuticos, terciarios, residenciales y de ocio. La superficie destinada a estos fines alcanzaría las 323 hectáreas de suelo público y dos millones de metros cuadrados edificables. Es decir, podría albergar un desarrollo urbanístico de similares dimensiones al de la Operación Chamartín, incluso, el modelo de ejecución sería equiparable. El ente público adjudicaría el suelo y el aprovechamiento urbanístico a entidades privadas.

Pero toda esta operación encaminada al incremento de la capacidad de pasajeros necesita de una remodelación del espacio aéreo para dar cabida a más aeronaves. Para ello, en junio el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 426/2021, de modificación del Reglamento de Circulación Aérea que, entre otras cuestiones, permitirá acortar la separación mínima requerida en las pistas en despegues y aterrizajes. Simultáneamente, ENAIRE -gestor de navegación aérea de España- publicó el Proyecto AMBAR, un estudio sobre la modificación de las rutas de despegues y aproximaciones de las aeronaves a Barajas en el marco de los planes de ampliación.

El resultado final será el incremento de las 408.244 operaciones registradas en el año 2018 y, con ello, aumento de consumo de combustible, ruido y emisiones contaminantes.

Según los datos que aporta el Proyecto AMBAR, en 2018, solo en las maniobras de despegue y aterrizaje se consumieron 32.336,9 toneladas de combustible que se tradujeron en 102,18 toneladas de CO2, 323,4 de NOx, 29,2 de SO2 y 4,9 de benceno. Los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 totales (despegues, aterrizajes y rutas) fueron de 417.225,3 toneladas de combustible y 1.318,4 kilotoneladas de CO2. Estas cifras se incrementarán, sin que el estudio haga ninguna valoración al respecto.

En relación a las rutas de despegue y aproximación, se derivan dos problemas, el ruido y el riesgo de colisión con aves. El ruido afecta a las zonas que se sitúan sobre los ejes de los ríos Jarama, Henares, Guadalix y Manzanares coincidiendo todos ellos con espacios Red Natura 2000. Los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y hacia el sur Torrejón de Ardoz, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches. Desde hace años vecinos de estas localidades se manifiestan contra las molestias generadas por las aeronaves, especialmente por la noche. El incremento de las operaciones, supondrá también aumento del ruido.

De estas rutas, las modificaciones principales, afectan especialmente al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la ruta nominal de salida hacia el noroeste se desplaza hacia el la zona en la que se localiza este espacio protegido. En este caso se ha comprobado como el paso de una aeronave en un escenario de tranquilidad puede elevar el nivel de ruido hasta 30 decibelios (dB), pasando de 20 a 50 dB. Se da la circunstancia que la Ley de declaración de este espacio protegido redujo la altura mínima de sobrevuelo de 3.000 a 500 metros. Esta reducción de altura a la que pueden sobrevolar el espacio protegido conlleva un incremento de afección de un 22 %. Esta problemática no se aborda en el Proyecto AMBAR.

Otra zona afectada por las modificaciones de las rutas de aproximaciones es el valle del Tajuña, al sureste de la región. Una zona rural de alto valor natural que los colectivos ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, llevan años reclamando su protección.

En cuanto al riesgo de colisión con avifauna, las zonas más vulnerables por su proximidad a las rutas de despegue y aterrizaje son ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares, ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, ZEC Cuenca del río Manzanares, ZEPA Soto de Viñuelas, ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama, ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid y ZEC Cuenca del río Guadalix. Algunas de estas zonas son críticas y ya se han producido impactos con grades rapaces por tratarse de zonas en las que descienden para alimentarse. Las aves más perjudicado son los grandes planeadores, especialmente el buitre. A mayor tráfico aéreo, mayor riesgo de impacto con aves.

Las organizaciones ecologistas ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, reclaman al Gobierno de la Comunidad de Madrid que exija al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que priorice la inversión del dinero público en aquellos proyectos que satisfagan las necesidades de movilidad del conjunto de la población, como el fortalecimiento del transporte ferroviario de personas y mercancías, entre otros. Necesitamos emprender una transición hacia un modelo más sostenible y más eficiente que responda al interés general y a la emergencia climática en la que nos encontramos.

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• A baixada do tráfico fai aínda máis innecesaria a ampliación da autovía AG-59.
• O impacto territorial e climático xustifican unha declaración de impacto ambiental negativa.
• Non se poden malgastar  50 millóns de euros nun proxecto superfluo sen demanda social.

Ante a próxima aprobación da declaración de impacto ambiental, Ecoloxistas en Acción de Santiago reitera a súa oposición frontal á ampliación da autovía Santiago-A Estrada (AG-59), promovida pola Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade (CIM) da Xunta.  A súa execución sería tan impactante como innecesaria, máis aínda nun contexto de descenso do tráfico e de redución das peaxes na AP-9.

A posta en servizo da autovía AG-59 foi un exemplo máis de como as estradas de alta capacidade inducen un aumento do tráfico e, polo tanto, das emisións de dióxido de carbono (CO2) causantes da crise climática. No treito da autovía xa construído, entre Santiago e A Ramallosa (Teo), o tráfico aumentou un 50 % entre 2009 e 2019, ao tempo que no mesmo traxecto pola estrada convencional AC-841 pouco diminuíu.

Porén, os datos para 2020, marcados polas restricións da mobilidade derivadas da COVID-19, amosan un claro descenso do tráfico que fai aínda menos necesario, e desde logo nada urxente, construír un novo treito de 7,5 km da autovía que apenas aforraría cinco minutos. A caída do tráfico, tanto na autovía como no treito de estrada convencional ao que complementaría a ampliación, foi  dun 20 % durante 2020.

O tráfico no tramo de estrada convencional que atravesa Pontevea, ao que complementaría a ampliación proxectada da autovía AG-59, nunca atinxiu até hoxe o baixo limiar de 10.000 vehículos/día que se autoimpuxo a Xunta para desdobrar en autovía o corredor Brión-Noia. En 2020 baixou a 7.870 e neste ano todo apunta a que volverá situarse ben abaixo dos 10.000.

Aínda que non está entre os obxectivos da Xunta o decrecemento do tráfico e a redución drástica das súas emisións de CO2, parece seguro que o tráfico no treito afectado pola nova ampliación non vai xustificar nunca a construción dunha autovía. A iso contribuirá a tendencia xeral ao encarecemento  do transporte privado por estrada e mesmo os  descontos  nas peaxes da AP-9, que poden diminuír o número de vehículos que atravesan Pontevea para se desprazaren entre Santiago e Caldas de Reis-Vilagarcía usando como atallo a  estrada EP-8401 (Portela-O Souto de Vea).

A declaración de impacto ambiental da ampliación da autovía AG-59, cuxa aprobación semella próxima, debería ter en conta a pegada de carbono asociada ao proxecto e valorar adecuadamente os cuantiosos danos socioambientais que causaría no territorio afectado. Entre eles destacan a afección ao espazo da Rede Natura 2000 “Sistema fluvial Ulla-Deza”, a destrución irreversible de solos de valor agrario, o incremento da contaminación atmosférica e acústica ou a deterioración da paisaxe, inclusive na contorna da Burga de Pontevea, un espazo de interese recreativo á beira do río Ulla moi visitado.

Nun contexto de emerxencia ecolóxica e social sería un disparate enterrar en asfalto 48 millóns de euros de diñeiro público na construción duns quilómetros máis dunha “autovía de cambio climático” que a maioría social non demanda ou non considera prioritaria.

Datos de tráfico na autovía AG-59 e no punto de medición de tráfico Pontevea Sur, segundo as Memorias de tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia.

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