Ecoloxismo

  • Aunque es una buena noticia, la acción de la ministra para la transición ecológica de suspender la tramitación del ATC, es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto.
  • Los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del CSN y del Colegio de Geólogos. Estos son argumentos suficientes para dar el carpetazo definitivo al proyecto de forma inmediata.
  • La ministra debería denegar la “autorización previa o de ubicación”, para impedir que un nuevo gobierno salido de las urnas pueda reactiva el almacén nuclear en el pequeño pueblo conquense.

Los miembros de la Plataforma 1 ha pasado de la euforia, a primeras horas de la mañana, a la prudencia, al constatar que nada se ha decidido sobre las tres autorizaciones que precisa el ATC y que son competencia de Ribera.

El Ministerio para la Transición Ecológica, ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la “autorización de construcción” del ATC. Pero nada ha decidido, sobre la “autorización previa o de emplazamiento”, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma (de denegación) para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas.

La ministra vincula el ATC de Villar de Cañas con los planes energéticos del gobierno de Sánchez y así prever el volumen y características de los residuos nucleares en los diversos escenarios del cierre escalonado de las centrales. Pero muchos países (como EE UU) no disponen de ATC ni plantean tenerlo, por lo que la paralización definitiva del basurero radiactivo, no precisa vincularse al calendario de cierre de las nucleares.

Ribera tiene un argumento de peso para cerrar el proyecto: el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo.

Para María Andrés, portavoz de la Plataforma. “La ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear de Villar de Cañas, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida. Por ello estamos satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, nos toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que, después de más de 6 años y medio, acabe definitivamente con este proyecto que no queremos y que no va a ningún lado”.

Por otro lado, el 26 de julio se votará el el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En este procedimiento está personada la Plataforma a través del abogado de Ecologistas en Acción-Cuenca. La Plataforma defiende la ampliación de la ZEPA, pues supones una alternativa sostenible al cementerio nuclear para los vecinos de la zona. En todo caso, el signo de la sentencia (que es recurrible) tendrá poca influencia sobre el devenir del cementerio nuclear en Villar de Cañas.

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El 27 de julio de 2018 se celebra en Lisboa una minicumbre sobre conexiones energéticas entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea. Ecologistas en Acción y el ODG han dirigido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedirle que en dicha reunión rechace el gasoducto MidCat, que pretende duplicar la capacidad de interconexión gasista con Francia.

Ecologistas en Acción ya ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones que existen toda una serie de mitos que pretenden justificar esta tubería, pero todos ellos son desmontables, como así lo ha demostrado la organización en un informe reciente. La inversión en infraestructuras de gas nos aleja del cumplimiento de los objetivos de París y supone un derroche de dinero público. El gobierno español tiene una ocasión de oro de rechazar este proyecto antes de que sea demasiado tarde.

Carta dirigida a la ministra:

ASUNTO: Infraestructuras de gas en minicumbre energética España-Francia-Portugal-Comisión Europea

Estimada Ministra,

Hemos conocido que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro portugués, Antonio Costa; y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, participarán finalmente, tras un retraso de algunos meses, el 27 de julio en Lisboa en una cumbre sobre interconexiones energéticas.

El anterior gobierno del Partido Popular mostró mucha insistencia en dotar a estos tres países de nuevas interconexiones gasistas, con el argumento de que fortalecerían la seguridad energética europea, permitiría acceder al gas a “mejores costes y más previsibles”, al tiempo que se diversificaban las fuentes para reducir “la dependencia de suministro de zonas inestables del mundo”, y con la ventaja de que “la energía llegue a los hogares a menor precio”, en palabras del expresidente Rajoy en rueda de prensa tras la Declaración de Madrid. En particular el principal impulso a la construcción del gasoducto MidCat, que duplicaría la capacidad de interconexión con Francia, lo ha imprimido el gobierno español, de la mano de la Comisión Europea, mientras que Francia ha presentado diversas dudas sobre su viabilidad. Por una parte el ente francés regulador de la energía (CRE) ya expresó en el pasado dudas sobre el gasoducto, asegurando de que no contribuiría a la seguridad de suministro para Francia y alertando de que precisamente incrementaría los precios del gas para los consumidores. Por otra parte la empresa francesa GRTgaz, expresó en su dia dudas de los efectos que podría tener sobre su negocio la inyección al mercado de gas africano de alta calidad.

El gobierno español y el Comisario Cañete se han mostrado convencidos de la necesidad de gasoductos como el MidCat para que España, gracias a sus regasificadoras -ahora altamente infrautilizadas-, contribuya a diversificar las fuentes de importación de gas en la región y a independizar a Europa del gas ruso. Este argumento es altamente cuestionable, habida cuenta de las diversas plantas de regasificación ya existentes o en construcción también en otras partes de Europa (que garantizan igualmente el acceso a otras fuentes de suministro distintas de Rusia) o la existencia paralela de otros planes en la Unión Europea como la construcción del NordStream2 que fortalecería precisamente la entrada de gas desde Rusia.

Como usted sabe hace unos meses se filtró a la prensa un estudio encargado por la Comisión Europea a la consultora Pöyry para evaluar la viabilidad del gasoducto STEP, el tramo transpirenaico del MidCat. El informe demuestra que el gasoducto solo sería económicamente viable si se dieran un conjunto de condiciones que las personas expertas creen absolutamente improbables (como una situación de mercado muy ajustada del Gas Natural Licuado provocada por una caída drástica del suministro de gas desde Argelia). El estudio señala que no habrá flujo de gas desde España a Francia a través del gasoducto y que la construcción del mismo no aportará ninguna resiliencia adicional al sistema gasista europeo en ninguna de las hipotéticas situaciones de estrés ensayadas en el estudio.

Pöyry observa una “falta de correlación entre las disparidades de precios y los flujos” entre España y Francia, y concluye que “no está claro que la capacidad adicional (es decir, STEP) reduciría las disparidades de precios” (pág. 26) e incluso es peor en el caso de Francia, dado que “los precios del gas aumentarían en Francia como consecuencia de STEP” (pág. 79).

El estudio explica claramente que el proyecto STEP no tiene repercusión alguna en la seguridad del suministro en ambos países. Además, considerando la hipótesis de baja demanda asumida por la Comisión Europea para la 3ª lista de Proyectos de Interés Común (PIC), se evidencia que la conexión STEP quedaría obsoleta y perdería dinero a partir de mediados de la década de 2030, es decir 10 años después de su puesta en servicio.

Recientemente, a raíz de la filtración de este informe, usted advirtió que teníamos “un serio problema a la hora de identificar dónde invertimos en nuestro futuro”. El tramo transfronterizo STEP costará 441 millones de euros (151 millones para el tramo español), pero su construcción allanará el camino para el resto del trazado del MidCat que costará en total 3.100 millones de euros. En solo cuatro años de existencia de la lista PIC, se han asignado 1.500 millones de euros de los contribuyentes de la Unión Europea a los proyectos de gas de la lista de PIC. Seguir sobredimensionando el actual sistema gasista solo generará más derroche de dinero público europeo y más deuda ilegítima, una vez que estos proyectos infrautilizados tengan que ser rescatados por el bolsillo de la ciudadanía.

Recientemente en su comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los diputados usted pidió “cautela” para las infraestructuras de gas. El gas no puede jugar un papel central en la transición energética. Aunque sus emisiones de CO2 durante la combustión sean menores a las del carbón, sigue tratándose un combustible fósil incompatible con el Acuerdo de París. Invertir en infraestructuras que están pensadas para perdurar varias décadas es un error. Además la comunidad científica cada vez pone más en cuestión el impacto de las emisiones fugitivas de metano producidas a lo largo de toda la cadena de suministro, lo cual siembra dudas sobre sus pretendidas ventajas climáticas. Por no mencionar los elevados impactos territoriales de abrir una faja de 30 metros en el terreno. El gobierno italiano ya planteó recientemente que revisará la decisión de construir el gasoducto transadriático (TAP) por considerarlo innecesario. Las obras iniciales de dicho gasoducto han generado una bronca respuesta social en Italia. El gobierno español tiene ahora una oportunidad de oro de hacer lo propio con el MidCat. La Unión Europea tiene que romper con este modelo, y Francia y España pueden marcar la senda en este sentido.

Desde Ecologistas en Acción y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) hemos elaborado junto a otros colegas europeos el informe “Los mitos del MidCat” que le hacemos llegar, con el ruego de que el gobierno español reconsidere su apoyo a esta infraestructura innecesaria. Es una petición asumida por la recientemente creada Red Gas no es Solución, que aglutina a colectivos de todo el estado opuestos al desarrollo del gas, de la cual nuestras organizaciones también forman parte.

17 de julio 2018, Lisboa

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  • La Ecomarcha 2018, la ruta ciclista de Ecologistas en Acción, ha denunciado a su entrada en Castilla y León lo absurdo de las estaciones nuevas del AVE, construidas ‘en medio de la nada’ y que no solucionan las necesidades de conectar a los pequeños municipios rurales.
  • El pelotón ecologista pone en marcha tres acciones de protesta en diferentes estaciones de tren de la provincia de Segovia, una de larga distancia y dos de trenes regionales. El tren Regional es, junto al de Cercanías, el que más recortes en servicios y cierres de líneas está sufriendo en los últimos años.

Durante el paso por la provincia de Segovia, la Ecomarcha 2018 está efectuando varias acciones de protesta relacionadas con el tren. La primera de ellas ha tenido lugar en la nueva estación de Segovia-Guiomar, una ‘estación fantasma’ utilizada por los trenes de alta velocidad AVE, trenes de grandes distancias con cambio automático de ancho Alvia y trenes regionales Avant.

El pelotón ciclista de Ecologistas en Acción ha denunciado que este tipo de estaciones nuevas, como ocurre en Guadalajara (Valdeluz), Antequera-Santa Ana, Campo de Tarragona, Burgos, Utiel-Requena o Medina del Campo, son “un fenómeno ligado a la especulación del suelo, al ladrillo y a la concepción elitista de prestar servicio solo a las grandes aglomeraciones urbanas abandonando el mundo rural”.

Según José Luis Ordóñez, portavoz de Ecologistas en Acción, la nueva estación de Segovia-Guiomar intentaba ser un núcleo de nueva urbanización para extender hacia el sur el desarrollo difuso de la ciudad de Segovia, al estilo del intento de la urbanización truncada de Valdeluz que promovió en Guadalajara la familia de Esperanza Aguirre.

Ecologistas en Acción ha señalado que las ‘estaciones en medio de la nada’ se han impulsado en paralelo al soterramiento del ferrocarril en las ciudades, con los claros ejemplos de Murcia, Valladolid o Almería. Ejemplos que, en palabras de Ordóñez, “están implicados en la especulación del suelo, la recalificación del suelo de uso ferroviario a suelo destinado a grandes hoteles, centros comerciales y viviendas de gran lujo en pleno corazón de las ciudades, alimentando también al ladrillo y a la expulsión del centro de las urbes de las personas con menor capacidad adquisitiva”.

Por un tren regional público, social y sostenible

Las otras dos protestas de la Ecomarcha han tenido lugar en la estación de Segovia, utilizada por los trenes regionales normales, y en el propio El Espinar. La reivindicación ecologista ha insistido en la necesidad de adoptar medidas para la protección y el fomento del ferrocarril público, social y sostenible.

En la provincia de Segovia se han perdido dos líneas ferroviarias, la de Segovia a Medina del Campo que se transformó en una Vía Verde y la del tren directo Madrid-Riaza-Aranda-Burgos. Es precisamente el tren Regional, junto al de Cercanías, el que más recortes en servicios y cierres de líneas están sufriendo frente al modelo de AVE que se ha impuesto en los últimos 20 años.

Con la visita ciclista a la estación de Segovia en pleno casco urbano se denunciará su situación de semiabandono y su mal servicio. Ordóñez ha explicado algunas de las dificultades: “Por aquí tan solo pasan dos trenes al día y se debe hacer transbordo en Cercedilla, Comunidad de Madrid, para pasar a un tren de cercanías. Los trenes entre Madrid y Segovia tardan más de dos horas en hacer su recorrido”.

Por su parte, el municipio segoviano de El Espinar dispone de cuatro estaciones (Gudillos, San Rafael, El Espinar y Los Ángeles de San Rafael) pero solamente dos trenes al día, los que circulan entre Segovia y Madrid. A su vez el municipio cuenta con la carretera N-VI y la autopista A-6, y tres túneles perforados en la Sierra de Guadarrama al servicio de la A-6, y sufre fuertes atascos así como una mala gestión invernal de la autopista. “Es un claro ejemplo del desequilibrio modal en el trasporte que existe en España entre el ferrocarril y la carretera”, concluye Ordóñez.

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  • Los problemas geológicos de los terrenos y el alto valor natural de la zona de especial protección de las aves (ZEPA) mostraban el peligro del emplazamiento del sementerio nuclear de Villar de Cañas.
  • El ATC en Villar de Cañas (Cuenca) era un empeño personal de María Dolores de Cospedal, que se enfrentó a la sociedad y a la Junta de Castilla-La Mancha.
  • La suspensión de este cementerio nuclear se encamina en la buena dirección del necesario cierre de todas las instalaciones nucleares y la elaboración de un nuevo plan de gestión de los residuos radiactivos.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) consideran adecuada la decisión de paralizar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca). El Gobierno español ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que interrumpa los trabajos sobre el Informe del Permiso de construcción, una autorización clave para continuar con el ATC. Desde el inicio del proyecto Ecologistas en Acción ha denunciado el error que suponía ponerlo en marcha, ya que el origen del cementerio fueron las pretensiones del antiguo Gobierno del Partido Popular, y en concreto de María Dolores de Cospedal, para que este cementerio se construyera en la Comunidad Autónoma que ella presidía, Castilla-La Mancha, lo que le otorgaba un control sobre la gestión de los residuos y sobre la política nuclear.

El proyecto de construir un ATC aparece en el 6º Plan General de Residuos de 2006, ya obsoleto. Esta instalación prevista para 2010 aún no posee todos los permisos necesarios para la construcción. Parte de este retraso se debe a las malas condiciones geológicas de los terrenos sobre los que se asentaría el ATC. Un hecho que ha quedado patente en los informes del área de Ciencias de la Tierra del propio CSN y la consultora URS, que trabaja a menudo para el Consejo de Seguridad Nuclear. Los posibles riesgos de hundimiento y otras características geológicas de estos terrenos convertían el ATC en una instalación muy peligrosa que disparaba los costes de construcción.

A pesar de que este era motivo más que suficiente para paralizar el ATC de Villar de Cañas, sucesivos gobiernos y el empeño de Cospedal han mantenido el proyecto acumulando gastos innecesarios. Un emplazamiento que ha bloqueado además la intención de la Junta de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de Emiliano García-Page, que procedió a la ampliación de la ZEPA de la Laguna del Hito, abarcando estos terrenos que, inexplicablemente, no estaban incluidos en la declaración original.

Este enorme retraso ha motivado que todas las centrales nucleares tengan ya Almacenes Temporales Individualizados (ATI) o planes para construirlos ante la ausencia de una política de gestión de residuos nucleares clara. Por ello, la compleja gestión de los residuos de alta actividad no se puede separar de la política nuclear. Una política real debe de pasar por establecer con claridad el cierre de las centrales nucleares al terminar sus permisos actuales, de forma que se pueda conocer la cantidad de residuos altamente radiactivos a gestionar. Una materia pendiente del Gobierno español desde hace décadas, ya que todos los proyectos de gestión de residuos de alta actividad que se han puesto en marcha en el Estado español desde 1986 han naufragado.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear señalan que lo más sensato sería proceder al cierre de centrales nucleares y abrir un debate técnico, ciudadano y político sobre la gestión de los residuos que permanecerán radiactivos durante miles de años.

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  • Els problemes geològics dels terrenys i l’alt valor natural de la zona d’especial protecció de les aus (ZEPA) mostraven el perill de l’emplaçament del cementiri nuclear de Villar de Cañas.
  • L’ATC a Villar de Cañas (Conca) era una obstinació personal de María Dolores de Cospedal, que va enfrontar a la societat i a la Junta de Castella-la Manxa.
  • La suspensió d’aquest cementiri nuclear s’encamina en la bona direcció del necessari tancament de totes les instal·lacions nuclears i l’elaboració d’un nou pla de gestió dels residus radioactius.

Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) consideren adequada la decisió de paralitzar l’ATC de Villar de Cañas (Conca). El Govern espanyol ha demanat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que interrompi els treballs sobre l’Informe del Permís de construcció, una autorització clau per continuar amb l’ATC. Des de l’inici del projecte Ecologistes en Acció ha denunciat l’error que suposava posar-lo en marxa. Ecologistes en Acció i el MIA recorden que l’origen del cementiri van ser les pretensions de l’antic Govern del Partit Popular, i en concret de María Dolores de Cospedal, perquè aquest cementiri es construís a la comunitat autònoma que ella presidia, Castella-la Manxa, el que li atorgava un control sobre la gestió dels residus i sobre la política nuclear.

El projecte de construir un MTC apareix en el 6è Pla General de Residus de 2006, ja obsolet. Aquesta instal·lació prevista per al 2010 encara no posseeix tots els permisos necessaris per a la construcció. Part d’aquest retard es deu a les males condicions geològiques dels terrenys sobre els quals s’assentaria l’ATC. Un fet que ha quedat palès en els informes de l’àrea de Ciències de la Terra del propi CSN i la consultora URS, que treballa sovint per al Consell de Seguretat Nuclear. Els possibles riscos d’enfonsament i altres característiques geològiques d’aquests terrenys convertien el MTC en una instal·lació molt perillosa que disparava els costos de construcció.

Tot i que aquest era motiu més que suficient per paralitzar l’MTC de Villar de Cañas, successius governs i l’obstinació de Cospedal han mantingut el projecte acumulant despeses innecessàries. Un emplaçament que ha bloquejat a més la intenció de la Junta de Castella-la Manxa, sota la presidència d’Emiliano García-Page, que va procedir a l’ampliació de la ZEPA de la Llacuna de la Fita, abastant aquests terrenys que, inexplicablement, no estaven inclosos en la declaració original.

Aquest enorme retard ha motivat que totes les centrals nuclears tinguin ja Magatzems Temporals Individualitzats (ATI) o plans per construir-los davant l’absència d’una política de gestió de residus nuclears clara. Per això, la complexa gestió dels residus d’alta activitat no es pot separar de la política nuclear. Una política real ha de passar per establir amb claredat el tancament de les centrals nuclears en acabar els seus permisos actuals, de manera que es pugui conèixer la quantitat de residus altament radioactius a gestionar. Una matèria pendent del Govern espanyol des de fa dècades, ja que tots els projectes de gestió de residus d’alta activitat que s’han posat en marxa a l’Estat espanyol des de 1986 han naufragat.

Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear assenyalen que el més assenyat seria procedir al tancament de centrals nuclears i obrir un debat tècnic, ciutadà i polític sobre la gestió dels residus que romandran radioactius durant milers d’anys.

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Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), la Plataforma Zona Norte y el Instituto para la Democracia y Municipalismo exigen transparencia y acceso a los documentos que desde hace cinco lustros se negocian, entre organismos dependientes de la Administración General del Estado y las entidad promotora de la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

Desde 1993, cuando Renfe aprobó la convocatoria del proceso por el cual se adjudicó a Unitaria S.A. -la sociedad inmobiliaria del grupo público Argentaria- la concesión de los terrenos para el desarrollo de la Operación Chamartín, no se ha hecho público ningún documento. La situación actual es que, aunque el 82 % de los terrenos del ámbito son públicos, en su mayor parte de Adif –ente público dependiente del Ministerio de Fomento- los derechos urbanísticos están en manos de Distrito Castellana Norte S.A. -DCN-. DCN es una compañía privada constituida por la entidad financiera BBVA y el Grupo empresarial San José S.A.

Concentración contra la Operación Chamartín en la ermita de San Roque

En estos 25 años se han producido tantos cambios, consecuencia de negociaciones opacas, que caben sobradas dudas sobre la legalidad del proceso: se han firmado y renegociado convenios y contratos entre Renfe/Adif y DCN; se ha ampliado la superficie del ámbito de adjudicación, pasando de 62 hectáreas a más de 300; se ha incrementado la edificabilidad (metros cuadrados construibles); se han incumplido reiteradamente los plazos de ejecución y las obligaciones económicas, como el pago de casi 1.000 millones de euros por parte de DCN a Adif, etc.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción, la FRAVM, los colectivos integrados en la Plataforma Zona Norte y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, han pedido a Adif la documentación relativa a la Operación Chamartín desde su inicio. Entre la documentación solicitada se encuentran convenios, contratos, acuerdos, adjudicaciones de derechos urbanísticos y sus prórrogas, informes emitidos o encargados por Renfe y Adif, sobre la viabilidad de la operación y sobre el cumplimiento de las condiciones de la adjudicación, etc.

A juicio de estos colectivos, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a hacer pública esta información, máxime cuando la entidad propietaria de los terrenos es pública y está en juego el futuro de una parte importante de la ciudad de Madrid. En consecuencia, es inexcusable, desde la defensa del interés general y la buena administración pública, el acceso a toda la documentación y antecedentes de este caso. Resulta injustificable que documentos como el de adjudicación de la concesión (1994) y su posterior adecuación (1997), los cuales constituyen compromisos legalmente vinculantes, se intenten sustraer al escrutinio público.

El propio Ayuntamiento de Madrid ha manifestado reiteradamente que tampoco ha tenido acceso a esa documentación. Así se ha afirmado desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible cuando se le ha reclamado la realización de una auditoría pública del expediente completo de la concesión de los derechos urbanísticos a DCN.

Ante las solicitudes de información, Adif no ha facilitado la documentación y está tratando de forma diferenciada las peticiones. A Ecologistas en Acción, FRAVM y al Instituto para la Democracia y el Municipalismo no se les ha contestado, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo máximo de un mes establecido, por la Ley de transparencia, para responder. A dos asociaciones de la Plataforma Zona Norte se les ha enviado una notificación indicando que, antes de contestarles, se ha iniciado una consulta a DCN para conocer su parecer. Y a una tercera se le ha remitido un simple acuse de recibo.

Ecologistas en Acción, la FRAVM, los colectivos integrados en la Plataforma Zona Norte y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, consideran inapelable e imperativo desvelar, por mera salud democrática, la trama de la Operación Chamartín. Por ello, desean que la actual presidenta de Adif, rompa la inercia de opacidad en la que se ha desenvuelto la Operación Chamartín hasta convertirse en Madrid Nuevo Norte y haga público el expediente completo de la actuación.

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