Ecoloxistas en Acción

Ecologistas en Acción es una confederación de mas de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español. Forma parte del ecologismo social, que entiende que los problemas ambientales tienen su origen en el modelo de producción y consumo actual.
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  • La Consejería de Medio Ambiente vulneró las obligaciones de información pública y los derechos de participación ciudadana.
  • Se evita así el riesgo de rotura de unas balsas que contienen una cantidad de lodos que supera 10 veces los que se vertieron en Aznalcóllar.

El pasado 19 de septiembre la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia, estimando la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la Resolución de 27 de marzo de 2014, que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, promovido entonces por Emed Tartessus, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

El motivo para anular dicha AAU es que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental. Según consta en la sentencia, posteriormente a ese informe, “la empresa Emed Tartessus presentó numerosa documentación que se consideraba imprescindible para la tramitación del expediente: sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al Estudio de Impacto Ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejores técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso, que no han sido objeto de información pública”.

La sentencia recalca que “la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni a participación, se desatienden ambos principios”.

La sentencia sin embargo considera ajustado a derecho que, en junio de 2014, el Viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, “ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en materia de minería”.

La sentencia implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando. Además la anulación de la AAU va a conllevar de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está igualmente pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA.

Durante toda la tramitación y desde su puesta en marcha en 2015, Ecologistas en Acción ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera, durante los 10 años de vida útil autorizados por la anulada AAU. Para poder almacenar los nuevos residuos mineros de la producción minera reiniciada, esas presas han sido recrecidas por Atalaya Riotinto Minera, incumpliendo las propias condiciones que se establecían en la AAU ahora anulada, lo que supone un grave riesgo de rotura.

Hay que recordar el contexto donde se otorgaron esos permisos, justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz adelantó a marzo de 2015. Entonces los intereses electoralistas primaron sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y participación ciudadana y el riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos, que contienen 10 veces más que la balsa de Boliden que reventó en abril de 1998 en Aznalcóllar.

La resolución anulada fue firmada por el entonces Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Jesús Nieto González, que tiene una amplia trayectoria de responsabilidad en desastres ambientales generados por la minería. En junio de 1995 firmó la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, autorizando el recrecimiento de los muros de la balsa de Boliden que reventó el 25 de abril de 1998. En agosto de 2003, siendo Director General de Industria, Energía y Minas, otorgó la concesión minera de Cobre las Cruces (CLC), ignorando las advertencias de daños a un acuífero de consumo humano. En mayo de 2008 CLC contaminó con arsénico ese acuífero y desde entonces ha extraído ilegalmente más de 10 hm3 de aguas subterráneas, lo que llevó a que fuera condenado por delitos ambientales en septiembre de 2016.

Ecologistas en Acción celebra esta sentencia, puesto que evita un riesgo que podría haber tenido consecuencias catastróficas equivalentes a las que se han sufrido en el pasado.

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Actualmente continúan muchas de las obras iniciadas durante los meses de verano con el objeto de remodelar las calles de la ciudad de Madrid. Si bien suponen una mejora para la movilidad peatonal, estas actuaciones no están respetando el arbolado urbano que ven dañadas gravemente sus raíces. Ecologistas en Acción solicita al Ayuntamiento de Madrid que durante la ejecución de los trabajos, los árboles se supervisen y protejan por personas técnicas arboricultora.

Durante el verano y el inicio del otoño se están sucediendo obras de  remodelación en las calles de la ciudad, en muchos casos en el centro histórico. Por ejemplo, en parte de la glorieta y calle de Atocha hasta Antón Martín y Carretas.

Durante la ejecución de estas obras, en las aceras de la calle Atocha -realizadas por la Subdirección General de Obras e Infraestructuras Urbanas, dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid- no se han protegido adecuadamente las raíces de los árboles ni en la acera de los pares, al comienzo de verano,  ni en la de los impares que se están finalizando ahora.

Las especies de árboles afectadas son plátanos de sombra (Platanus hispanica), soforas (Sophora japonica) y castaños de indias (Aesculus hippocastanum). Las obras se han realizado durante los meses más calurosos del año y la afección ha sido importante: al levantar el solado de las aceras las raíces de los árboles han quedado al descubierto, se han vertido lechadas de hormigón al pie de los árboles, se ha cambiado el nivel en el cuello de la raíz (zona entre la raíz y la superficie), por último se han tapado las raíces con arena hasta enrasar con la nueva acera sin aportar materia orgánica, etc.

La raíz es la parte que sustenta al árbol y es la zona por donde absorbe agua y nutrientes. Si se daña la raíz, el árbol puede verse debilitado, incluso secarse.

Ecologistas en Acción, ha denunciado en repetidas ocasiones esta situación de malas prácticas en las obras de la ciudad, por ser uno de los motivos de deterioro grave del arbolado. Los árboles urbanos, se debilitan por motivo de las obras, muchas veces mueren y en ocasiones pueden volcarse y caer en la vía pública con el consiguiente peligro para los ciudadanos. Un ejemplo bien conocido es la tala de 750 árboles, el pasado invierno, en el Paseo de la Castellana por el mal estado en el que se encontraban después de años de soportar obras con una protección inadecuada.

Por ello, la organización reclama al Ayuntamiento de Madrid que las obras que afecten al arbolado sean supervisadas por personas expertas en arboricultura para que se impongan medidas protectoras sobre troncos y raíces. Se da la circunstancia que las empresas constructoras no tienen este tipo de personal ni las administraciones les suelen exigir estos trabajos previos al comienzo de las obras.

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  • La Consejería de Medio Ambiente vulneró las obligaciones de información pública y los derechos de participación ciudadana.
  • Se evita así el riesgo de rotura de unas balsas que contienen una cantidad de lodos que supera 10 veces los que se vertieron en Aznalcóllar. 
El 19 de septiembre la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia, estimando la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la Resolución de 27 de marzo de 2014, que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, promovido entonces por Emed Tartessus, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera. 

El motivo para anular dicha AAU es que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental. Según consta en la sentencia, posteriormente a ese informe, “la empresa Emed Tartessus presentó numerosa documentación que se consideraba imprescindible para la tramitación del expediente: sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al Estudio de Impacto Ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejores técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso, que no han sido objeto de información pública”.
La sentencia recalca que “la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni a participación, se desatienden ambos principios”.  

La sentencia sin embargo considera ajustado a derecho que, en junio de 2014, el Viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, “ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en materia de minería”.  La sentencia implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando. Además la anulación de la AAU va a conllevar de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está igualmente pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA.   

Durante toda la tramitación y desde su puesta en marcha en 2015, Ecologistas en Acción ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera, durante los 10 años de vida útil autorizados por la anulada AAU. Para poder almacenar los nuevos residuos mineros de la producción minera reiniciada, esas presas han sido recrecidas por Atalaya Riotinto Minera, incumpliendo las propias condiciones que se establecían en la AAU ahora anulada, lo que supone un grave riesgo de rotura.       

Hay que recordar el contexto donde se otorgaron esos permisos, justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz adelantó a marzo de 2015. Entonces los intereses electoralistas primaron sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y participación ciudadana y el riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos, que contienen 10 veces más que la balsa de Boliden que reventó en abril de 1998 en Aznalcóllar.  

La resolución anulada fue firmada por el entonces Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Jesús Nieto González, que tiene una amplia trayectoria de responsabilidad en desastres ambientales generados por la minería. En junio de 1995 firmó la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, autorizando el recrecimiento de los muros de la balsa de Boliden que reventó el 25 de abril de 1998. En agosto de 2003, siendo Director General de Industria, Energía y Minas, otorgó la concesión minera de Cobre las Cruces (CLC), ignorando las advertencias de daños a un acuífero de consumo humano. En mayo de 2008 CLC contaminó con arsénico ese acuífero y desde entonces ha extraído ilegalmente más de 10 hm3 de aguas subterráneas, lo que llevó a que fuera condenado por delitos ambientales en septiembre de 2016.    Ecologistas en Acción celebra esta sentencia, puesto que evita un riesgo que podría haber tenido consecuencias catastróficas equivalentes a las que se han sufrido en el pasado.   

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